Nicaragua es un país de poco más de cinco millones de habitantes, la violencia sexual se ha convertido en el segundo problema más grave después de la pobreza e íntimamente unida a ella. Los autores de los abusos sexuales son mayoritariamente familiares directos, lo que convierte el hogar en una cárcel para las víctimas, que sufren en silencio entre amenazas y agresiones.

Niñas violadas por sus padres en Nicaragua

Nos encontramos a menudo con que niñas que sufren maltrato paterno, no encuentran apoyo en sus madres que muy probablemente fueron también víctimas de violaciones. Dejan de ir a la escuela y les impiden relacionarse con su entorno por el temor de sus maltratadores a que denuncie el caso. En casos extremos se las llega a matar para impedir esa denuncia. Estas situaciones de aislamiento y ocultación hace difícil localizar a las víctimas para prestarles asistencia antes de que sea demasiado tarde.

Prisión por abortar, según la legislación nicaragüense

La legislación nicaragüense prohíbe el aborto y prevé penas de prisión para las mujeres y niñas que intenten abortar, así como para los profesionales de la salud que faciliten servicios relacionados con el aborto. La prohibición incluye casos en los que corre peligro la vida de la mujer y cuando el embarazo es consecuencia de una violación o de un incesto. Por todo ello, muchas niñas víctimas de violación se ven obligadas a ser madres a una edad muy temprana sin recibir el apoyo necesario para el cuidado del bebé, ni para encauzar su vida social y laboral.

Según Marta Mungía, coordinadora de un centro de apoyo a sobrevivientes de violencia sexual en Nicaragua, en declaraciones a Radio Nacional de España el 25 de noviembre de 2010, “el Estado recepciona y tramita las denuncias pero es un sistema viciado y al agresor se le permite huir o no llega a cumplir condena alguna. Actúan con gran impunidad”.

El 60% de las niñas afectadas son atendidas por centros privados de la sociedad civil, no del Estado, que pone trabas a la actuación de las personas que los dirigen con detenciones y procesos judiciales.

Los derechos humanos no están garantizados en Nicaragua

Diversas organizaciones de defensa de los derechos humanos han denunciado esta situación sin lograr algún avance positivo en éste gravísimo problema. La impunidad de quienes cometen estos delitos es una vejación más hacia las víctimas y un lastre que impide una disminución de las cifras de casos de maltrato sexual en el país. La propia Conferencia Episcopal de Nicaragua señaló recientemente el agravamiento de los problemas sociales.