En el año 1999, bajo el liderazgo del -para entonces- recién juramentado Presidente de la República, Hugo Rafael Chávez Frías, el pueblo venezolano aprobó una nueva constitución con más del 70% de los votos a favor por parte de los ciudadanos y ciudadanas mayores de edad, convirtiéndose de esta manera, en la primera y única constitución venezolana consultada y aprobada por el pueblo a través de un referéndum.

Esa nueva Constitución se conoce con el nombre de Constitución Bolivariana, por basarse en los preceptos fundamentales del pensamiento del Libertador Simón Bolívar, tal como lo señala su artículo 1: “La República Bolivariana de Venezuela...fundamenta su patrimonio moral y sus valores de libertad, igualdad, justicia y paz internacional en la doctrina de Simón Bolívar, el Libertador

Un concepto novedoso incorporado en el Título III de la Constitución Bolivariana “De los derechos humanos y garantías y deberes” es el de las consultas a través de los diferentes referendos como medio de participación y protagonismo del pueblo en ejercicio de su soberanía.

Referendos revocatorios

Una de las nuevas atribuciones que brinda la Constitución Bolivariana al pueblo, es el de revocar o suspender de sus funciones a cualquier funcionaria o funcionario electo por votación popular, tales como el Presidente de la República, Alcaldes, Gobernadores, Diputados, -entre otros- antes de la culminación del período para el cual fueron electos. Para ello, igual o mayor número de electores o electoras que eligieron al funcionario deberán votar a favor de la revocación y superar el número de votos que están en contra de revocar el mandato. Si ambas cosas suceden se considera revocado el mandato y se procede de inmediato a cubrir la falta absoluta.

La Constitución establece que los referendos revocatorios sólo podrán activarse a partir de la mitad del período para el cual fue electo el funcionario o funcionaria y además no podrá hacerse más de una solicitud de revocación del mandato de cualquier funcionario o funcionaria.

Uso de esta herramienta

Esta herramienta ha sido ya activada en varias ocasiones en contra de funcionarios públicos que, según los resultados obtenidos, algunos han cesado en sus funciones y otros no.

La primera vez que el pueblo venezolano activó este instrumento fue en el año 2004 con el cual se buscaba revocar al Presidente Hugo Chávez de sus funciones como Presidente de la República, siendo los resultados 41% a favor de la revocatoria y 59% en contra de la revocatoria.

Posteriormente, esta herramienta se ha activado para solicitar la revocatoria a gobernadores, alcaldes y concejales, los cuales en algunos casos ha resultado con la revocatoria del cargo y una nueva elección para suplir la falta absoluta del funcionario o funcionaria.

Referendos aprobatorios

En el mismo Título III de la Constitución Bolivariana se establece además que un proyecto de Ley que se encuentra en discusión dentro de la Asamblea Nacional, podría ser elevado a consulta popular cuando así lo considere oportuno al menos las dos terceras partes de los integrantes de la Asamblea. Pero además se establece que las materias de especial trascendencia nacional podrán ser sometidas a referendo consultivo a solicitud de un número no menor del diez por ciento de los electores y electoras.

Referendos abrogatorios

Con la Constitución Bolivariana la abrogación de una ley no es materia exclusiva de la Asamblea Nacional, ya que también al menos el diez por ciento de los electores y electoras inscritas pueden solicitar la abrogación de una ley que no consideren adecuada. Esta solicitud se transforma en una consulta popular o referendo abrogatorio en la cual la mayoría del pueblo decide la conveniencia de la abrogación o no de la ley.

Para abrogar algún decreto con fuerza de ley que haya sido aprobado por el Presidente de la República, se requerirá que al menos el 5% de los electores inscritos solicite su abrogación a fin de elevar al pueblo la consulta correspondiente.

Hasta la fecha, esta herramienta no ha sido activada por parte del pueblo, aún cuando haya habido discrepancias y polémicas relacionadas con diversas materias tales como la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión, la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario o la Ley de Pesca y Acuicultura.