El Ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, anunciaba a finales de marzo, la subida a partir del mes de abril, de un 7% en el recibo de la luz, para cumplir así con la sentencia dictada por el Tribunal Supremo que obliga a compensar a las eléctricas por un desajuste en el sistema eléctrico, que alcanzó los 3.100 millones de euros en 2011 y 2012, al no haber subido las tarifas en enero de 2012.

Dicha sentencia que intenta recoger los costes reales del sistema eléctrico, tras los recursos interpuestos por las compañías eléctricas, obliga a refacturar los consumos efectuados desde octubre de 2011, de más de 20 millones de clientes, para finalizar con el déficit de tarifa el 31 de diciembre de 2012.

Para lograrlo, el Gobierno español aprobó un Real Decreto Ley que reducirá los costes del sistema eléctrico en unos 1.700 millones y, aplicará una subida de tarifas para intentar aumentar los ingresos en aproximadamente unos 1.400 millones de euros.

Un déficit tarifario de 24.000 millones de euros en el sistema eléctrico

Existe un grave problema en el sistema eléctrico español, el denominado déficit de tarifa o tarifario, que alcanza los 24.000 millones de euros. Eso significa que hay un importantísimo desfase entre lo que realmente cuesta el sistema eléctrico y lo que efectivamente se recauda a través del cobro del recibo.

Dicho desajuste se generó al adoptarse incrementos de tarifas insuficientes para cubrir todos los costes del sistema, mientras que se encarecían dichos costes.

Para no cargar este desajuste exclusivamente en el consumidor doméstico, ya que sino eso supondría un aumento aproximado del 40% de la tarifa eléctrica, el Gobierno decidió repartir este esfuerzo entre los consumidores, el sector público y el sector privado, aumentando los ingresos vía tarifa y reduciendo los costes regulados.

Para resolver esos desequilibrios existentes en el sistema energético español, el Gobierno aprobó un paquete de medidas urgentes encaminadas a solventar el desajuste entre ingresos y costes de los sistemas eléctrico, con el deseo de repartir este desajuste entre consumidores, administraciones públicas y empresas.

Los hogares sufrirán una subida del 7%, criticada por las organizaciones de consumidores

Para los hogares, el Gobierno anunció una subida del 7 %, algo que ha sido duramente criticado por las diferentes organizaciones de consumidores, pues según han afirmado, eso significa que en los últimos cinco años la tarifa eléctrica ha aumentado un 60%.

Así la organización de consumidores Facua asegura que si esa subida en abril asciende al 7 % anunciado, el usuario medio pagará 30,58 euros mensuales más que en 2007, es decir, un 60% más en los últimos cinco años.

Por su parte, la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) estimó que un hogar que tenga contratada la denominada tarifa de último recurso (TUR), y que aproximadamente consuma al año 3.500 kilovatios hora, con una potencia contratada de 3.45 kW, si se le aplica la nueva

subida, pasaría de abonar 718 euros al año a 768 euros anuales, es decir, unos 50 euros más.

Además para aquellos hogares que estén fuera de la TUR, es decir, que hayan firmado un contrato en el mercado libre, ese incremento tarifario sería incluso mayor, pudiendo situarse en los 75 euros anuales, según cálculos de la OCU.

Los grandes industrias y las eléctrica también resultan afectadas

Asimismo el ministerio ha aprobado subidas de tarifas para grandes consumidores, PYMES, los sectores industriales medio y gran industrial, que sumado a las subidas aplicadas a los hogares, supondrá unos ingresos adicionales de unos 1.400 millones de euros.

Pero también tendrán que hacer un importante esfuerzo las grandes empresas eléctricas, pues verán recortadas sus retribuciones en 900 millones de euros, para evitar así que la subida de los recibos eléctricos de los hogares españoles fuera todavía mayor.

Pero las eléctricas, según informa la patronal Unesa, que agrupa a Endesa, Iberdrola, Gas Natural, HC Energía y E.On, consideran que dicho “tijeretazo” es realmente una «quita encubierta» de la deuda que el Estado mantiene con las eléctricas, pues son ellas quienes financian el déficit tarifario de 24.000 millones de euros. Por ello, las eléctricas se consideran las grandes damnificadas de un problema que no han generado.

Después de conocerse el resultado de la subasta entre comercializadoras de último recurso, del 21 de marzo, cuyo peso ronda el 50% del recibo, que supuso el descenso en un 7% en el precio de la energía, el Ministerio de Industria consideró necesario subir el 21% en el otro componente, las tarifas de acceso, que significa el 50% restante.

Recorte de costes por 1.700 millones por medio de ajustes en el sistema eléctrico

Como ya había anunciado el ministro de Energía, José Manuel Soria, tras conocer la sentencia del Supremo, todo el peso «no podía recaer en los consumidores». Por ello, el ministerio decidió reajustar los costes del sistema, que se reparte entre diferentes agentes, pues afecta a la distribución, el transporte, los pagos por capacidad, la financiación del operador del sistema, la Comisión Nacional de la Energía y el IDAE o la interrumpibilidad, medidas con las que espera ahorrar 1.700 millones de euros.

Ello significará el recorte en las remuneraciones del transporte (que realiza fundamentalmente Red Eléctrica) y de distribución, realizado por las compañías eléctricas, lo que según el presidente de Iberdrola, Ignacio Galán, causará un grave daño a las compañías.

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