- Dos familias - Eva Pesquera Solé
En España, el divorcio se legalizó en 1981 y desde entonces la cantidad de parejas que se divorcia no ha hecho más que aumentar, llegando a alcanzar un 30% de los matrimonios en los últimos cinco años, por razones entre las que se cuentan la pérdida de respeto por los valores tradicionales, la desvinculación de matrimonio y religión y, sobre todo, la creciente independencia económica de la mujer desde que se incorporara masivamente al mundo laboral en los años setenta y ochenta.
Además, el trámite administrativo necesario para divorciarse se ha aligerado de tal manera en los últimos 10 años que lo que antes era un largo proceso, con una alegación de motivos y un periodo de separación previa indispensable, ahora se ha convertido en algo que puede quedar zanjado en unos pocos meses si se llega a llevar la demanda a los tribunales o mucho menos si se llega a un acuerdo amistoso sobre lo más complicado de este tipo de situaciones, que suele ser el tema de la custodia de los hijos.
Y, como en caso de juicio lo más frecuente es que la custodia se atribuya a la madre junto con el uso del domicilio conyugal, sea este propiedad privativa de ella, del padre o de ambos, es habitual ver que los convenios firmados de mutuo acuerdo también siguen esa pauta. Así, mientras la mayoría de mujeres salen de un divorcio fortalecidas en lo material, la mayoría de los hombres pierden, se ven privados de un contacto directo y continuado con sus hijos y obligados a buscar un nuevo hogar mientras, en muchos casos, siguen pagando la hipoteca de una casa en la que no pueden vivir.
Entablar una nueva relación
Por otra parte, es evidente que, de entrada, los hombres lo tienen más sencillo para encontrar una nueva pareja. Al ser ellas las que se han quedado con la custodia de los hijos, para los divorciados resulta más fácil volver a la vida de solteros a la que sus ex, con hijos a su cargo, no pueden acceder y muchas veces los hombres que acaban de salir de un divorcio no tardan mucho en empezar a salir con otras mujeres o incluso en establecer relaciones estables.
No obstante, a la hora de mantener estas relaciones, se encuentran en clara desventaja, pues no sólo parten de una posición económica precaria sino que además las leyes no tratan a las segundas esposas como a las primeras, con lo cual no es raro que la tasa de divorcio en segundos matrimonios sea de hasta un 70%.
Condenadas a mantener a sus hijos solas o a no tenerlos
Uno de los objetivos del matrimonio, aunque no el único, es la formación de una familia, tener hijos. La procreación no es sólo un imperativo biológico sino también una aspiración del ser humano como parte de la sociedad. Pero, mientras que en los primeros matrimonios todos los hijos quedan protegidos por igual a nivel legal y económico, sea cual sea su número y el orden en que nazcan, no es así con hijos de segundas uniones, a causa de un sistema de pensiones que niega a las segundas esposas su derecho a ser madres.
Cuando una pareja tiene un hijo, se le destina una parte del presupuesto de la pareja y si luego llega otro niño ese presupuesto se reparte entre los dos.
Si una madre tiene un hijo con su primer marido y recibe una pensión por este y luego tiene un segundo hijo con otro hombre y, por la razón que sea, necesita parte de la pensión de su ex para alimentar al nuevo hijo, el padre del primero no puede reclamar porque no tiene manera de demostrar adónde va a parar la pensión.
No obstante, si un padre está pasando una pensión a un hijo y tiene un segundo hijo con otra mujer, no puede repartir su presupuesto entre los dos, porque las pensiones son intocables, dando lugar a que, en muchos casos, sea la segunda esposa la que mantenga sola a su hijo.
El padre puede pedir una rebaja de la pensión alimenticia de su primer hijo para poder alimentar al segundo, pero no se suele conceder una medida como esa porque los derechos del primer hijo son intocables mientras que para el segundo se aplica la máxima de “si no se puede mantener, que no se tenga”, considerando que se trata de familias distintas y que no cabe la solidaridad entre ellas.
En cambio, si se trata de la alimentación del primer hijo la que peligra, aunque se trate de familias distintas, se ha llegado a obligar a la segunda pareja del padre que asuma la responsabilidad de abonar la pensión, como dictaminó un juez en Girona en 2008.
Discriminación a través del sistema de pensiones
Otro punto en el que las leyes españolas priman el bienestar de la primera esposa por encima de las demás es en el de la pensión de viudedad.
La Ley establece que la pensión de viudedad debe repartirse entre las esposas del fallecido de manera proporcional a los años que hayan convivido con él, lo cual puede parecer una medida justa pero repercute directamente en la economía de la segunda esposa después del fallecimiento ya que es sobre los ingresos que tenía cuando estaba con ella, y no con su primera mujer, que se calcula la pensión.
Además, las pensiones compensatorias atribuidas a las primeras esposas, muchas veces de manera vitalicia si no se vuelven a casar, repercuten en la economía de la nueva pareja, que se ve mermada por el deber impuesto de aportar una cantidad regular destinada a mantener la calidad de vida de la primera esposa.
Por todo ello, muchos hombres divorciados consideran imposible rehacer su vida completamente y muchas segundas esposas se ven forzadas a formar una familia por las cargas que supone el divorcio para los hombres, cuando lo lógico sería que ninguno de los dos divorciados renunciase a nada o que lo hicieran ambos por igual.
Eva Pesquera Solé - Soy licenciada en Historia, especializada en historia contemporánea, y he realizado estudios de posgrado en el campo de las ...
