"Por regla general, los revolucionarios de profesión son hombres de acción y bullangueros; por el contrario, los hombres de orden no se ponen en evidencia sino con reserva: la revolución de febrero (…) ha demostrado esta verdad muy claramente, pues una minoría imperceptible y despreciada por sus máximas subversivas y de todo orden, ha impuesto, por su audacia, a 34 millones de habitantes, la situación crítica en que se halla este país...

Esta cita, recogida de la carta que don José de San Martín remitiera a Ramón Castilla, Mariscal del Perú, el 11 de septiembre de 1848, y que daba cuenta de su presente en Francia en el marco de la insurrección obrera europea, bien podría ser atribuida al Perú de estos días.

Lo cierto es que, aunque las palabras del Libertador resuenen excesivas y tremendistas extrapoladas literalmente a la coyuntura nacional, encierran un componente de particular vigencia. Los numerosos conflictos sociales que se han venido sucediendo uno detrás del otro y que han ido ganando en radicalidad y eficacia a favor de los protestantes, han generado una sensación de inoperancia gubernamental que, si bien no ha propiciado escenarios de descrédito que pongan en riesgo la estabilidad política y económica del país, está alimentando insinuaciones pre insurreccionales que tienden a generar una importante reducción de los niveles de confianza en la marcha política y económica nacional.

Reduciendo autoridad

Tales insinuaciones (entendidas como manifestaciones sociales y/o criminales destinadas, en tanto mecanismo de presión, a restar autoridad y poder de decisión a los gobiernos democráticos), se han podido apreciar recientemente en dos hechos de trascendencia: en las protestas de Jauja que levantaron a toda una población contra la disposición gubernamental de construir un nuevo terminal aéreo y en el descubrimiento de un presunto atentado terrorista contra torres de alta tensión en Ancón. Estos episodios, si bien aislados, resultan cruciales para entender la sistemática pérdida de autoridad que viene experimentando el Gobierno, la misma que puede afectar otros campos en los que el Ejecutivo ha demostrado responsabilidad y eficiencia, y que han rendido importantes frutos en su intención de reducir la pobreza (al cabo del 2011, según datos del INEI, la pobreza pasó de 30,8% a 27,8%).

Cuando un Estado es percibido débil, incapaz de contener o encauzar un reclamo social a través de cursos institucionales, se establecen, por defecto, otras formas de manifestar el descontento. La pedrada, el cierre de carreteras y las acciones de violencia se institucionalizan como justas y necesarias dentro de un colectivo insatisfecho y marginado, que sin duda las adoptará. Si, a pesar de ello, el Estado se mantiene indiferente al reclamo o se muestra incapaz de resolverlo, ese mismo colectivo se sentirá empujado a asumir actitudes extremistas que tiendan a legitimar acciones subversivas, más aún si encuentran el liderazgo de radicalismos que capitalizarán su insatisfacción.

"Congarizando" la visión del conflicto

Sin embargo, no obstante lo evidente de lo anterior, el Estado no parece haber reparado en ello y es probable que haya caído en una suerte de “congarización” en la forma de pensar el manejo de los conflictos sociales, amagando entre dos posiciones contrapuestas: por un lado, entre quienes exigen mano dura a los revoltosos, sin reparar en el enorme costo social (traducido en lamentables pérdidas humanas) y político (que conlleva inevitablemente a un estado de deslegitimación creciente) y, por el otro, entre quienes demandan actitudes permisivas reclamando al Presidente un cambio de rumbo claramente antiliberal y retrógrado, pero cayendo ambas en la misma dinámica maximalista del Conga va – Conga no va que ha puesto al país en un escenario, al menos en percepción, de crisis y desorden permanente.

Y esta percepción ha empezado a preocupar a diversos estamentos económicos, lo cual agrava el panorama. Hace algunos días, el presidente de la Bolsa de Valores de Lima manifestó que en dicha plaza bursátil se estaba negociando apenas el 40% de lo que se intercambiaba hace tan solo un año. Además, desde la Sociedad Nacional de Minería se señala que en el sector minero energético existen a la fecha 43 proyectos paralizados, inversiones que suman US$ 25 mil millones. La Cámara Peruana de la Construcción, por su parte, alerta de un 70% de obras de infraestructura congeladas.

Ante ello, resulta imperativo llevar a cabo un cambio de paradigma en la forma de enfrentar los problemas de conflictividad. Empezar por reconocer la complejidad del tema permitirá encontrar mayores canales de tolerancia y prevención. Legalidad, eficiencia y sentido de la inclusión por parte del Gobierno y sus instituciones, además de prudencia y buena fe desde la prensa, son condiciones indispensables, pero sin preocupación ni interés de cara al tema es muy poco lo que se puede lograr. Esto último, qué duda cabe, compete a todos.