En la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el artículo cuarto encontramos el reconocimiento de igualdad del varón y la mujer ante la ley, mientras que en el artículo primero se prohíbe toda discriminación motivada por distintas condiciones entre ellas el género, artículos que atienden a los principios de igualdad y de no discriminación de género.

Los principios de igualdad y de no discriminación de género

El derecho de acceso a la justicia se encuentra definido en el artículo 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas (1948). En este instrumento se encuentran implementados en pactos internacionales derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales de las Naciones Unidas.

Es de ahí que emana el derecho de acceso a la justicia, como derecho fundamental y definido como:

"el servicio público que debe ser garantizado por el Estado a todos sus habitantes, sin ningún tipo de discriminación por cuestiones de etnia, edad, condición o sexo".

Igualdad y de no discriminación de género en el acceso a la justicia

Además de estar sujeto a esta Declaración, los países de América Latina, entre ellos México, firmaron los pactos interamericanos vigentes en este derecho.

Reconociendo también en la Constitución mexicana el principio de igualdad en el goce de los derechos vinculados al acceso a la justicia, entre los cuales se encuentran la presunción de inocencia, la legítima defensa, el proceso justo, el juicio por tribunales competentes, la protección como víctima o testigo, el arresto conforme a los principios legales, y la no revictimización.

Principios de igualdad y de no discriminación en tratados internacionales

En cuanto a tratados internacionales y más específicos para tratar los derechos de la mujer y su acceso a la justicia están:

La Proclamación del Decenio de las Naciones Unidas para la Mujer (1975-1985) que determinó el resguardo de la igualdad y la no discriminación por razones de sexo en diversos instrumentos internacionales.

Cedaw, eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer

La Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer (Cedaw, 1979) que brinda la protección jurídica de los derechos de las mujeres, a fin de asegurarles el ejercicio y goce de las libertades fundamentales en igualdad de condiciones con los hombres.

Además, se reconoció la competencia de un Comité con facultades para recibir y considerar casos de violación de los derechos de las mujeres por parte de los Estados signatarios.

IV Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, Beijing 1995

La Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, celebrada en Beijing (1995) donde los países firmantes acordaron promover y proteger los derechos humanos de las mujeres mediante la aplicación de todos los instrumentos existentes al respecto, especialmente aquellos que garantizan la igualdad y la no discriminación.

Se diseñó además un plan de acción que contiene objetivos estratégicos para garantizar estos mismos principios ante la ley, de manera que se revisarán las leyes nacionales y prácticas jurídicas de cada país, para asegurar los principios y la aplicación de todos los instrumentos internacionales de derechos humanos, además de revocar las leyes que contengan discriminación por motivos de sexo y así eliminar el sesgo sexista en la administración de justicia.

Décima Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe

La 10ª Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe, celebrada en Quito Ecuador (2007), documento conocido como Consenso de Quito, en el cual los 33 países de América Latina, entre ellos México.

En ella se aprobó y acordaron la garantía del derecho de acceso a la justicia de las mujeres, adolescentes y las niñas que han sido víctimas de violencia de género, sin ningún tipo de discriminación, mediante la creación de las condiciones jurídicas e institucionales que garanticen transparencia, verdad, justicia y la consiguiente reparación de la violación de sus derechos.

Además de comprometerse a fortalecer las políticas públicas que protejan, prevengan y brinden atención para la erradicación de todas las formas de violencia.