En un primer artículo veíamos, a grandes rasgos, las principales novedades que se dan en el nuevo Código respecto de la mujer. En este estudiaremos con más detenimiento el papel de la mujer en la función judicial de la Iglesia, dejando para otro el estudio de la función de santificar de la Iglesia.

Para ello seguiremos el artículo de Carmen PeñaStatus jurídico de la mujer en el ordenamiento de la Iglesia” (REDC 54 [1997]).

Qué es la función judicial de la Iglesia

El Código, en cuanto que, al ser el principal documento legislativo de la Iglesia, está fundamentado en la herencia jurídica y legislativa de la Revelación y de la Tradición, debe ser considerado instrumento muy necesario para mantener el debido orden tanto en la vida individual y social, como en la actividad misma de la Iglesia (Constitución apostólica Sacrae discipline leges”, Juan Pablo II, 1983).

La convivencia ordenada y pacífica de cualquier sociedad exige que su ordenamiento jurídico establezca los cauces legales adecuados para tutelar las posibles violaciones de los derechos subjetivos, resolver las controversias, declarar los hechos jurídicos y aplicar las penas correspondientes a los delitos.

La Iglesia, santa y pecadora, posee por institución divina la potestad de régimen, que incluye la potestad judicial, a la cual pueden acudir los fieles para reclamar los derechos que legítimamente tienen en la Iglesia y ser juzgados según las normas jurídicas (c. 1400).

Oficios nombrados por la Iglesia presentes en un tribunal eclesiástico

El juez o jueces, pues en algunas causas determinadas se constituye un tribunal colegial formado por tres o cinco jueces (c. 1425).

El juez puede designar un auditor para que realice la instrucción de la causa, eligiéndole entre los jueces del tribunal o entre las personas aprobadas por el Obispo para esta función.

El presidente del tribunal colegial puede nombrar un ponente entre los jueces del colegio, el cual informará en la reunión del tribunal acerca de la causa y redactará por escrito la sentencia.

El promotor de justicia es la persona encargada de velar por el bien público cuando éste está implicado.

En las causas en que se discute la nulidad del matrimonio o de la ordenación, ha de nombrarse un defensor del vínculo que debe proponer y manifestar todo aquello que pueda aducirse razonablemente contra la nulidad o disolución.

Finalmente, en todo proceso debe intervenir un notario, de manera que las actas son nulas si no van firmadas por él.

Presencia de la mujer en los tribunales eclesiásticos

En este campo, la presencia de los laicos, con independencia de su sexo, se ha reforzado de manera verdaderamente llamativa, de tal modo que los únicos cargos que no podrían ocupar mujeres serían los de Vicario judicial y Vicario judicial adjunto (c.1420,4) y el de Juez único, a tenor del c.1421.

Brevemente, podemos afirmar, por tanto, que la mujer podrá ser miembro de los Tribunales eclesiásticos, ejerciendo los oficios de notario, asesor del juez único, defensor del vínculo y promotor de justicia. Además, ya antes de la promulgación del Código, los laicos podían actuar como peritos, abogados y procuradores, figuras a las que el nuevo Código ha añadido la de los patronos estables, abogados o procuradores que recibirían sus honorarios del propio Tribunal.

La mujer como defensor del vínculo, promotora de justicia y juez

Respecto a las figuras de defensor del vínculo y promotor de justicia, es preciso destacar que no hay obstáculo legal alguno que impida que sea una mujer quien actúe como defensor del vínculo -o promotor de justicia, en su caso- no sólo en las causas matrimoniales, tanto de nulidad como de disolución, sino incluso también en las causas en que se discuta la validez de la sagrada ordenación.

Finalmente, como novedad fundamental del Código hay que señalar la posibilidad, recogida en el c. 1421.2, de que la mujer, previo permiso de la respectiva Conferencia Episcopal, pueda ser nombrada Juez en Tribunal colegiado, Auditor o Ponente. Ha sido un significativo paso adelante, puesto que el Motu Propio Causas matrimoniales (1971) permitía únicamente el nombramiento de varones laicos como jueces.

La última palabra la tienen las conferencias episcopales

La posibilidad de que los laicos, con independencia de su sexo, sean nombrados jueces diocesanos -posibilidad aceptada sin dificultad por la Comisión de reforma del Código- aparece regulada en el c.1421 con un carácter fuertemente restrictivo, exigiéndose para ello, no sólo el permiso general de la Conferencia Episcopal, sino también que se dé de hecho, en la diócesis, una situación de necesidad que justifique el nombramiento del juez laico por el Obispo; además, sólo podrá ejercer la función judicial como único laico de un tribunal colegiado en que los otros jueces sean clérigos, aunque es importante destacar que, dentro de ese colegio, el juez laico tiene verdadera jurisdicción, idéntica a la de los otros jueces.

La mujer no puede ser juez en los tribunales eclesiásticos en España

La Conferencia episcopal española, haciendo una lectura restrictiva del canon 1421, no ha decidido "excluir" a las mujeres, sino que no ha contemplado la posibilidad de los laicos en los tribunales como jueces. Por ello, no se trata tanto de una discriminación directa como de una consecuencia de la “exclusividad” por la que ha optado la Conferencia.

Esto contrasta con la situación de la mujer en el resto del mundo, pues no sólo en Roma, sino en Italia y en otros países, las conferencias episcopales han determinado la posibilidad de la presencia de laicos -entre ellos varias mujeres- como jueces en los tribunales colegiales (la potestad judicial pertenece al orden sagrado), como previsto en el CIC.

Así, pues, vemos cómo la mujer ha visto reconocida su igual dignidad y capacidad respecto del hombre para ejercer la función judicial en la Iglesia, si bien todavía quedan algunas barreras que vencer.