Primer acto: la alcaldesa marxista Susana Villarán intenta demoler la gestión de uno de los alcaldes más exitosos de los últimos períodos municipales.

Segundo acto: el presidente electo nacional-socialista Ollanta Humala señala directamente al presidente Alan García de ser el causante, por desinterés, de los conflictos sociales en el interior del país. Además, minimiza el accionar del reconocido equipo de abogados encargado de defender al Perú en La Haya.

Tercer acto: la congresista comunista Aída García Naranjo acusa sin pruebas a los parlamentarios fujimoristas y apristas de llevar a cabo contubernios para favorecer una supuesta impunidad.

Tres actos de una misma obra, interpretados sin conexión aparente por representantes de distintas agrupaciones de izquierda cuyos movimientos políticos han confluido, por oportunismo o subordinación, con el nacionalismo clasista y obcecado de Gana Perú. Tres ejemplos palpables de que las izquierdas de este país, sin experiencia de gestión previa y dispuestas tradicionalmente a ejercer una oposición desde el afán de deterioro, desde el exhibicionismo y el bullicio en la retórica política y la movilización callejera, están trasladando esa misma dinámica del pataleo y de la torpe demagogia al ejercicio de la governance, con el agregado nefasto de la ineficiencia y la incapacidad.

Escenario de polarización

No caben dudas de que el Perú está asistiendo al inicio de una conversión en las formas de hacer política, a la instalación de estilos que se creían desterrados, en donde la denuncia gratuita, el menoscabo del adversario y la mezquindad para no reconocerle virtudes constituyen el principal mecanismo de toma de posición desde el poder, de diferenciación entre buenos y malos, entre incluidos que piensan como el poderoso y postergados que disienten de él.

No es excesivo sostener que en el Perú de las últimas semanas se ha entrado a una suerte de deja vu de inicios de los 90, que se materializa en el intento, evidenciado por autoridades y sectores recalcitrantes vinculados al gobierno electo, de generar el mismo escenario de polarización que propició y legitimó el autogolpe de 1992, con el afán de promover una situación refundacional que busque reacomodar las estructuras del Estado para instaurar, a través de cambios constitucionales, sistemas totalitarios, no solo perniciosos sino caducos.

Oposición al gobierno humalista

Aún más, estos cultores de la izquierda violentista no encuentran reparos en hipotecar la gobernabilidad del país incitando protestas absurdas e ilegítimas, y acusando a través de ellas al modelo de ser el generador de la injusticia y desigualdad que dicen combatir.

Las recientes muertes de Puno y Tayacaja no son solo estadísticas dentro del universo de desgracias que han acompañado las protestas regionales de los últimos meses. Son, para los operadores políticos del nacionalismo, mecanismos de propaganda sensibles y eficaces, orientados a restarle capacidad de convocatoria al actual presidente y a líderes de similares convicciones políticas y democráticas, a quienes buscan enrostrárselas para evitar que intenten convertirse en referentes dentro de la feroz oposición que, previsiblemente, Humala soportará durante los próximos cinco años.

Que quede claro: quienes van a gobernar al Perú a partir del 28 de julio son militantes de las izquierdas más antidemocráticas, totalitarias y racistas, muy lejanas de aquella izquierda liberal a la que los Vargas Llosa y algunos líderes políticos de cierta credibilidad -arrastrados por su ingenuidad o por su resentimiento e intolerancia- creyeron respaldar. Más conflicto, más polarización y más violencia son hoy en día los principales intereses de quienes dentro de poco asumirán el gobierno. El país deberá estar preparado.