
- Juan Domingo Perón - Web site Taringa!
El peronismo argentino, entendido como un amplio movimiento político-partidario y social, tuvo la capacidad –a pesar de no haber podido constituirse a sí mismo como un régimen político: es decir, al mostrarse incapaz de determinar las reglas del juego político en el largo plazo- de generar una relación cuasi simbiótica con la sociedad argentina, particularidad surgida durante su propio proceso de gestación.
Esta simbiosis era posible debido a la amplitud y a las específicas características de su base social, la llamada “coalición populista clásica”.
Estas características llevaron al primer peronismo, o peronismo histórico (años 1945 a 1955), a resolver la crisis de legitimidad del régimen político –crisis iniciada con la caída del presidente radical Hipólito Yrigoyen en septiembre de 1930-, aunque sin la posibilidad de crear un nuevo régimen que lo interpretara adecuadamente, es decir, diferenciado del tradicional régimen constitucional establecido en el año 1853-.
En este sentido, la Constitución de 1949 puede entenderse como un intento, fallido o trunco, de modificación de la democracia liberal (representativa, republicana y federal).
La absorción de la izquierda y la derecha
La conformación de la coalición populista y la consecuente concepción autoritaria, movimientista y unanimista del peronismo implicaba, necesariamente, la absorción del electorado de izquierda -el estrato social más representativo del movimiento estuvo constituido por la clase obrera organizada- y de buena parte del segmento conservador.
De acuerdo con la caracterización del sociólogo Manuel Mora y Araujo, la mentada coalición social respondía a la siguiente configuración: la clase obrera organizada (sindicalizada), ciertos sectores emergentes de la burguesía nacional –sectores (Beatriz Rajland habla de empresarios pequeños y medianos) que en otro contexto hubieran estado (probablemente) aliados a la gran industria-, determinados sectores de las clases medias y los sectores de clase baja no sindicalizados.
Este último sector, llamado por Mora y Araujo “el potencial populista”, se componía de los estratos sociales bajos y arcaicos, urbanos y rurales de mentalidad conservadora (no-reformista), que en países de Europa occidental acostumbraban a votar a partidos de centro-derecha.
Esta captación de una buena parte del segmento conservador del electorado fue descrita por el politólogo Eugenio Kvaternik como “el rapto de la derecha” -básicamente la incorporación del aparato partidario conservador de gran parte del interior del país, incluido el de la provincia de Buenos Aires-.
Empate social
Al analizar la base social del peronismo histórico, Rajland resalta la relativa debilidad o falta de autonomía de sus dos principales estratos, que por otra parte se encontraban “empatados” en cuanto a su poder e influencia sobre el sistema político.
En efecto, tanto los nuevos industriales (pequeños y medianos) como buena parte de la clase obrera eran producto de procesos sociales y económicos desplegados durante los años veinte y treinta, es decir, no tenían una existencia previa -tenían por lo tanto una escasa conciencia de clase-.
La debilidad era especialmente notable en el caso de la pequeña y mediana burguesía, que no contaba con organizaciones que estuvieran a la altura de los sindicatos obreros. Asimismo, la década del treinta mostró un proceso de progresiva autonomización del Estado.
Desempate y autoritarismo estatal
La combinación de estos y otros factores –dos clases sociales dependientes (del Estado) y empatadas en cuanto a su poder e influencia (la clase obrera y la nueva burguesía), la neutralización de sectores sociales conservadores “ganados” por la causa peronista, la mayor autonomía del Estado y el liderazgo carismático y personalista de Perón- determinó un amplio margen de maniobra disponible para el gobierno.
Nos encontramos entonces frente a un Estado fuerte, autoritario y arbitrario, que decide relegar a un segundo plano a la clase dominante (los sectores agropecuarios y la gran industria vinculada al capital extranjero), y funcionar como “árbitro” de los dos sectores integrantes de la coalición populista (nueva burguesía y trabajadores), pero subordinando sus intereses a los del propio Estado.
Ruptura histórica y Estado de bienestar
El “arbitraje” del Estado –del gobierno peronista- consistió en la súbita y autoritaria implementación de un tipo de Estado de bienestar social –según Rajland determinado por las particularidades propias de un país (la Argentina) perteneciente, en este caso, al capitalismo periférico-.
Éste consistió en un programa de políticas económicas, laborales y sociales marcadamente redistribucionista y revolucionario (en tanto consistió en una ruptura histórica respecto de las políticas públicas anteriores, y esto mas allá de que los elementos nacionalistas, estatistas e industrialistas no implicaran estrictamente una innovación), aunque en última instancia capitalista –la estructura económico-social del país permaneció de todos modos inalterada.
La efectiva implantación del Estado benefactor fue posible, al igual que la mencionada simbiosis entre peronismo y sociedad, gracias a la particular configuración de la base social peronista. En efecto, ésta cobijaba –dentro de sí- a sectores sociales y económicos que, de otra manera, no hubieran apoyado las reformas sociales en cuestión.
Las consecuencias del reformismo autoritario
La ausencia de gradualismo -es decir el autoritarismo- implícita en todas las reformas implementadas, tornaba a muchas de ellas inviables en el largo plazo. En este sentido, el peronismo no contaba con el poder suficiente como para modificar el régimen político, y de ese modo institucionalizar todas las reformas y políticas públicas implantadas.
De todos modos, los grandes trazos del nuevo esquema industrialista -incluido el debilitamiento y desplazamiento del sector agro-exportador- y la incorporación de los trabajadores al mercado interno (ambos procesos desplegados por el peronismo) no fueron desmantelados posteriormente -Rajland describe estas transformaciones como la “misión histórica” del peronismo-.
No es posible conjeturar qué hubiera ocurrido en el caso de un intento de implantación gradualista y más ampliamente consensuado de las reformas en cuestión.
Queda claro, sí, que el precio pagado por nuestro país en virtud del reformismo autoritario -el afianzamiento o consolidación de una crónica inestabilidad política y económica luego de la experiencia del primer peronismo- resultó muy alto.
