La política pasa por un uso adecuado de las palabras. Una de las más de moda, y de las más efectivas, es “digno” o “digna”. Queremos una vivienda digna o un salario digno. Cada vez son más los que piden una pensión digna. Pero para ello las pensiones tendrían que dejar de ser públicas y pasar del sistema de reparto a otro de capitalización privado. Las razones para ello quedarán mucho más claras una vez leído este artículo.

Pensionesdignas.es

Aunque otra opción, igualmente válida, es acercarse a la página web pensionesdignas.es, que propone precisamente eso, el cambio desde el sistema actual a otro de capitalización. Para entender sus razones, lo primero es explicar cómo funciona el sistema que nosotros hemos heredado. Está basado en un esquema de ponzi, en un sistema piramidal, según el cual las salidas (los pagos) se hacen gracias a las nuevas entradas (las cotizaciones). El problema con este sistema, además de otros de carácter ético, es que es económicamente inviable a largo plazo.

Es el caso de las pensiones públicas y también de las españolas. Están abocadas a la quiebra y los políticos de todo signo no están dispuesto a que ello ocurra. Para eso han iniciado un proceso de reforma bajo lo que se conoce como “Pactos de Toledo”. Reducidas al esqueleto, las medidas que se contemplan en que el trabajador pague más (retrasando la edad de jubilación) y reciba menos (además de retrasar la edad, cambiar el cálculo de las pensiones y otros). Así, forzando a los trabajadores a recibir cada vez menos a cambio de un esfuerzo creciente, se retrasa sine die la quiebra del sistema, pero ¿merece la pena?

Características de las pensiones privadas

En un sistema de pensiones privadas, las aportaciones no se pierden, sino que siguen siendo tuyas. Se ahorran y acumulan, y su rendimiento comienza a trabajar para nosotros. Además, nos beneficiamos de la “magia” del interés compuesto, ya que estaremos haciendo aportaciones durante muchos años. Si el trabajador fallece mientras hace las aportaciones, lo que haya cotizado pasará a ser de sus herederos, mientras que en el sistema público no podrán reclamar nada.

En el sistema privado, podrá hacer, si le conviene, mayores aportaciones que se reflejarán en una mayor pensión. En el público no ocurre eso. Además, podrá dejar de aportar y comenzar a percibir la pensión cuando quiera, ya que si ha estado aportando desde joven no le será necesario llegar a los 65 años (no digamos a los 70, como se quiere imponer ahora), para haber logrado una pensión adecuada. Su cuantía, además, no está limitada en el sistema privado, mientras que en el público ese es precisamente el caso.

Todas estas consideraciones se refieren a la esencia del funcionamiento de ambos sistemas y son, por tanto, válidas en cualquier momento. A excepción de una. Cuando nació el primer sistema público, en la Alemania de Bismark, la edad de jubilación coincidía con la esperanza de vida. Pero luego ésta fue ganando terreno, de modo que el sistema fue progresivamente más beneficioso para los trabajadores. Llegó un punto en que la rentabilidad para los trabajadores del sistema público, en general, batía lo que pudiese ofrecer uno privado. Más, a medida que la base de cotización -el número de trabajadores cotizantes- se fue estrechando mientras se ampliaba el número de jubilados y su esperanza de vida, hasta llegar a la situación actual.

Críticas al sistema privado

Con todo lo de positivo que pueda tener el sistema privado, no se libra por ello de ciertas críticas. La principal es que las inversiones pueden resultar en beneficios o en pérdidas, con lo que se introduce un elemento de incertidumbre en un sistema que, precisamente, debiera promover estabilidad. De todos modos, esta crítica no tiene en cuenta que hay un interés que es siempre positivo, y que la rentabilidad de las inversiones versa sobre ese interés. Y que, por añadidura, hay técnicas de inversión, como la diversificación o la inversión a largo plazo (que son características de las pensiones privadas) que aminoran el riesgo.

Conclusiones

El pensionista, en el sistema privado, puede cambiar el capital acumulado por una pensión, pero también puede retirar una parte de él para saldar una deuda o adquirir, por ejemplo, una vivienda, operaciones que no pueden realizarse en el sistema público. Además, a nada que haya estado haciendo aportaciones por al menos dos décadas, el jubilado cobrará tanto o más que su último sueldo, mientras que el sistema público rinde pensiones notablemente más bajas. La pensión media de jubilación, según los datos facilitados por el Ministerio de Trabajo a primero de julio, es de 854,96 euros, mientras que el salario medio es de 2.434,32 euros, si incluimos las cotizaciones obligatorias a la Seguridad Social (que son nada menos que 560,44).

Con estos elementos en la mano, parece claro que un sistema privado de pensiones es mejor para el trabajador/jubilado que uno público. En primer lugar, porque respeta su libertad, un valor que debiera prevalecer incluso aunque financieramente resultase costoso. En segundo lugar porque no es ese el caso en absoluto. Sus aportaciones, dado que se invierten para crear riqueza en lugar de repartirse, revierten un interés. Y este hecho permite mayores pensiones en un menor tiempo. Y, puesto que desde la primera cantidad, todo lo que se aporta es propiedad del trabajador, jamás se verá en la situación, propia de los sistemas públicos, en que si se muere su familia no heredará nada.