Una buena parte de la derecha española aceptó a regañadientes, o simplemente no aceptó, la idea de un Estado de las Autonomías que con sus defectos y sus virtudes, viniera a sustituir la fórmula centralizadora inspirada en el viejo mito franquista de la España Una, Grande y Libre. Con las dificultades de la crisis, las Comunidades Autónomas presentan un déficit utilizado por sus enemigos tradicionales como arma arrojadiza contra ellas, evitando eso sí, un análisis cuidadoso tanto de sus circunstancias actuales como de los beneficios que han proporcionado y proporcionan.

Las Autonomías no son las principales responsables de la crisis

Como tampoco lo es el Estado central. No es el sector público, al que ambos pertenecen, el causante de la inmensa deuda que lastra la economía española, haciendo que los mercados la castiguen implacablemente sin distingos ni matices de ningún tipo.

Ese honor pertenece sobre todo al sector privado, el de las familias, las empresas y los bancos, quiénes acumulan una deuda casi cinco veces superior a la de ambas administraciones juntas. La de estas se sitúa claramente por debajo de la mayor parte de las economías europeas, incluidas Alemania y Francia.

Ciertamente la contención del gasto ha sido mayor en el Estado central que en el de las Comunidades. Pero también lo es que las grandes partidas de Educación, Sanidad y Servicios Sociales, las más complicadas de recortar, fueron transferidas por el gobierno central a estas, lo cual explica en buena medida su dificultad para cumplir las exigencias de reducción.

No es que las Autonomías gasten demasiado, sino que no ingresan lo suficiente

Lo cual no implica que en ellas no haya excesos, irracionalidad, despilfarro y corrupción. Aún está por hacerse el estudio riguroso de la proporción en que se dan y lo que ello ha supuesto política, económica y moralmente al proyecto democrático del país.

Pero parece poco dudoso que su verdadero problema no sea en realidad la dificultad, debida a la crisis, de ingresar lo necesario para hacer frente a la demanda de servicios que el traspaso de competencias implica.

Los gastos en Sanidad, Educación y el resto de la Política Social son prioritarios para los ciudadanos (principalmente para los más desfavorecidos), pero tanto lo que se recauda tributariamente por parte de las Comunidades, como las transferencias recibidas del gobierno central, sus dos fuentes de financiación, disminuyen o no aumentan lo debido por culpa del parón económico.

Se trata por tanto de un problema coyuntural, no estructural: el Estado autonómico no es deficitario ni despilfarrador per se (aunque debe insistirse en que circunstancialmente tampoco está exento de estos males), como se intenta sibilinamente argumentar, lo que pasa es que la crisis le impide ingresar lo necesario para mantener el gasto sin incurrir en déficit.

La descentralización autonómica ha contribuido al desarrollo del país

“Los fondos de desarrollo regional han tenido un impacto relevante en la dotación de factores productivos, el output y el empleo de las regiones menos desarrolladas y del conjunto del país, y han contribuido a la convergencia de España con la Unión Europea y a la convergencia de las regiones españolas”.

Con esta rotundidad se expresa Julio López Laborda, catedrático de Políticas Públicas de la Universidad de Zaragoza y especialista en Federalismo Fiscal y Distribución y Redistribución de la Renta.

Con la dotación necesaria, las autonomías han servido para mejorar el nivel de vida del país, al tiempo que han reducido las importantes desigualdades interregionales debidas a nuestra circunstancia histórica, no corregida por el anterior Estado centralista.

Una aportación a la ciencia política

No es posible ahondar mucho más en la cuestión, pero basten estas pinceladas para cuestionar el asalto que está sufriendo injustamente el modelo de Estado consensuado en la Constitución de 1978.

Un modelo sui géneris que constituye toda una aportación a la ciencia política, ya que su fórmula no coincide con ninguna de las tres clásicas utilizadas para la organización territorial del Estado: la del Estado unitario, la del federal o la de la confederación de Estados.

Que permite además cotas de descentralización a veces superiores a las del propio Estado federal, siendo capaz al mismo tiempo de mantener la unidad y un cierto equilibrio interterritorial en un país tan diverso como el nuestro.

Estamos pues ante una obra compleja, no exenta de riesgos e inconvenientes, siempre mejorable y abierta a las reformas que no supongan una vuelta atrás. Quiénes la atacan no dicen toda la verdad ni tienen una alternativa mejor.