Uno de los principales obstáculos que se le presenta al gobierno para lograr la tan ansiada inclusión social es el alto déficit de infraestructura que registra el país. Según cifras del BCP, el desbalance supera los US$ 37,000 millones, 30% del Producto Bruto Interno (PBI).

Esta brecha, la cual impide a millones de peruanos gozar de servicios básicos que eleven su calidad de vida, es demasiado amplia para que el Estado logre subsanarla por sí solo. Por ello es fundamental el aporte de la empresa privada para solucionar dicha reducción

Precisamente una de las herramientas por la cual la empresa privada podría brindar su aporte es la Ley N° 29230, Ley de Obras por Impuestos.

Promulgada en mayo del 2008, dicha norma es un mecanismo diseñado con el objetivo de impulsar proyectos de inversión pública regional y local con la participación del sector privado. Lo que busca la norma es alinear los intereses de inversión social de los gobiernos regionales y locales expresados en sus planes de desarrollo y programas de inversión con los objetivos de responsabilidad social de las empresas privadas.

Cómo funciona

Para entender la Ley Obras por Impuestos es necesario saber que a partir de la Ley 29230, el Estado permite a las empresas privadas financiar y ejecutar proyectos de inversión pública en infraestructura aprobados y viabilizados por el Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP) como parte de pago del Impuesto a la Renta (IR).

¿Pero cómo funciona? primero, sobre la base de una lista de proyectos priorizados por las autoridades locales (previamente declarados viables por el SNIP) y publicados en la página web de ProInversión, las empresas concursan por la ejecución de dichos proyectos. Luego, una vez adjudicado el proyecto, la empresa seleccionada financia la inversión y recupera los montos invertidos a través de deducciones similares en su pago del IR. Finalmente, dichas deducciones se cargan contra los recursos del canon que percibe el gobierno regional o local que ha solicitado la ejecución del proyecto.

Cabe agregar que una vez culminada la obra, el gobierno regional o local beneficiado entregará a la empresa ejecutante un Certificado de Inversión Pública Regional y Local (CIPRL), el mismo que será utilizado como pago de su IR. El CIPRL es emitido por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

Hasta el 50% del IR

Según explicó el Director de Fortalecimiento de Capacidades de ProInversión, Harry Chang Yong, la empresa privada solo puede utilizar la referida ley hasta el 50% del IR pagado el año anterior. Es decir, si se pagó US$ 100 millones en el 2010, en este año solo se podrá financiar obras hasta US$ 50 millones.

Por otro lado señaló que si bien es cierto que las obras a ejecutar las determina el gobierno central, ello no es obstáculo para que la empresa tenga la iniciativa de colaborar con los gobiernos para priorizar algún proyecto que todavía no haya sido identificado como necesario.

“Cada empresa tiene el derecho de decidir dónde meter su dinero, pero hay procesos que cumplir. La empresa interesada puede acudir a la gobierno local o regional respectivo para gestionar para que el burgomaestre de esa jurisdicción priorice la obra para que esta pueda ser ejecutada”, manifestó.

“No solo infraestructura”

A su turno el sub gerente de Responsabilidad Social del BCP, Luis Felipe Gil Solis, resaltó que la ley 29230 no solo permite el pago en obras sino también en la implementación de los inmuebles construidos.

“Lo beneficioso de esta ley es que no solo te permite pagar tus impuestos en obras, sino también implementar el colegio, hospital o comisaría construida. Es ilógico entregar un colegio sin su interior no contiene las carpetas, pizarras y pupitres necesarias”, apuntó.