Durante su redacción y aprobación, la ley de salud mental fue sujeta a numerosos comentarios, críticas y debates debido a los revolucionarios (y complejos) cambios que impone en el tratamiento de pacientes psiquiátricos.

Las claves de la nueva ley

Desde su primer artículo el nuevo reglamento establece al paciente psiquiátrico como sujeto de derecho y establece que su función es asegurar "el pleno goce de los derechos humanos de aquellas (personas) con padecimiento mental que se encuentran en el territorio nacional".

La ley, en concordancia con los lineamientos más modernos, considera a la demencia como un problema multifacético, con aspectos históricos, socioeconómicos, culturales, biológicos y psicológicos. En consecuencia, enfatiza la importancia del trabajo interdisciplinario para su diagnóstico y tratamiento. Este enfoque no solo incluye a psiquiatras y psicólogos, sino también a trabajadores sociales, enfermeros y agentes de terapia ocupacional.

Sin embargo, el punto más revolucionario de la nueva ley es su postura contra las internaciones psiquiátricas. El artículo 9 de la misma establece claramente que: "El proceso de atención debe realizarse preferentemente fuera del ámbito de internación hospitalario".

La internación reglamentada

Las internaciones, según la nueva ley, son un recurso terapéutico altamente restrictivo y debe considerarse como una técnica de última opción que no debe extenderse más de lo necesario. La legislación incluye, a su vez, importantes regulaciones para controlar la internación de pacientes psiquiátricos, especialmente cuando esta es involuntaria.

Para internar a alguien contra su voluntad se necesitará un dictamen firmado por al menos dos autoridades médicas no asociadas al paciente, en el que se detallará la situación de riesgo del mismo para justificar su internación. Este dictamen deberá ser entregado a un juez en menos de 48 horas, para que este determine si la medida es válida. Además, el mismo juez deberá solicitar informes periódicos del paciente cada 30 días para confirmar si su situación sigue ameritando la internación. Finalmente, la ley establece que pasados 90 días de internación, el paciente deberá ser evaluado por un nuevo equipo interdisciplinario para considerar si debe revisarse su situación.

Más aún, la ley establece que desde el mismo momento de ser internado, el paciente, o su familia, debe contar con los servicios de un abogado que vele por sus derechos. Dicho abogado, sería, en caso de necesidad, asignado por el Estado.

Un último punto fundamental: la nueva ley prohíbe expresamente la creación de nuevos manicomios tanto públicos como privados y propone que los neuropsiquiátricos existentes se reformen como hospitales generales.

Críticas profesionales

"No se puede demonizar la internación psiquiátrica, un dispositivo muchas veces necesario que salva la calidad de vida del paciente".

Fueron las palabras que pronunció el secretario de la Asociación de Psiquiatras Argentinos, Horacio Vommaro, cuando la ley fue aprobada en el Congreso de la Nación. De esta forma se unía a las dudas y críticas de varios profesionales de la salud que ven a la nueva legislación como inaplicable e incluso peligrosa para los pacientes.

Los más acerbos críticos han manifestado que el equipo interdisciplinario propuesto por la ley es un "despropósito" porque no toma en cuenta los diferentes niveles de autoridad e injerencia de las distintas disciplinas en el diagnóstico de los pacientes. A su vez, han criticado que la ley fue realizada sin consultar a ninguna de las asociaciones argentinas de profesionales de la salud mental, que poseen experiencia en el tratamiento y cuidado de los desordenes psiquiátricos.

La Asociación de Psiquiatras de Santa Fe fue especialmente dura. En una carta editorial se dirigió directamente al diputado Leonardo Gorbacz, primer impulsor de la nueva ley. El comunicado dice que Gorbacz: "Confunde (por ignorancia, dogmatismo o intencionalmente) internar con "encerrar" y medicar con "castigar", y coloca al psiquiatra como a un torturador".

Los defensores de la ley afirman que la misma no busca destruir los neuropsiquiátricos argentinos sino reformular su funcionamiento para dar un tratamiento más humano y abierto a los pacientes que lo requieran, así como evitar abusos contra un grupo históricamente desamparado.

El duro camino de la recuperación

La nueva ley ya es un hecho, sin embargo su implementación cuenta con diversas dificultades prácticas. ¿Cómo evitar que la protección del paciente se convierta en impotencia del médico? ¿Cómo adaptar el sistema hospitalario ordinario para incluir a los padecimientos psiquiátricos? ¿Cuál será el futuro de los institutos de salud mental tradicionales?

La nueva ley impone muchos cambios de infraestructura, organización y capacitación. Pero sobre todo, busca lograr un cambio de actitud. El espíritu fundamental de la ley es recordar que la persona con problemas mentales, el "loco" o "demente" sigue siendo un ser humano. Los institutos psiquiátricos, tantas veces imaginados (y hasta funcionando) como centros de aislamiento y cuasi detención, deben enfocarse más que nunca al tratamiento y la curación.

Entre toda la maraña de derechos, obligaciones, estipulaciones y reglamentos surge un principio fundamental, el "derecho (del paciente) a que el padecimiento mental no sea considerado un estado inmodificable". Artículo 7, punto m de la nueva Ley de Salud Mental nº26657.