Los derechos de los niños y de los adolescentes se han constituido en uno de los temas centrales de estos últimos años.

Esto es debido a los altos índices que dan cuenta de niños en situación de calle, abuso, delincuencia, maltrato, trabajo infantil, adicciones, entre otras cuestiones que marcan situaciones de riesgo.

Ley de infancia, una necesidad

Frente a esta situación la Nación Argentina decide cambiar la ley anterior, o de Patronato, en donde el niño no era considerado como sujeto, por otra, la Ley 26061 que postula abordar integralmente las diferentes problemática de infancia.

El propósito de la Ley es proteger a esa franja etaria, que de por sí aparece con necesidades de cuidado, guía y acompañamiento por parte de los adultos, y que no siempre este acompañamiento se hace efectivo.

Situaciones de riesgo en niños y adolescentes

Ha de tenerse en cuenta, que tanto la niñez como la adolescencia son etapas en donde el humano se encuentra en situación de indefensión, necesitando de un adulto para consolidar su camino y proyecto de vida futuro.

Se ha marcado que en Argentina, es alto el porcentaje de niños y adolescentes que se encuentran en situación de vulnerabilidad, ya sea porque atraviesan situaciones de maltrato y abuso o porque su núcleo conviviente carece de las condiciones mínimas para sostenerlos. En ambas situaciones subyace un escenario que da cuenta de violencia.

Cuando se marca la vulneración de derechos, han de reconocerse cuestiones familiares, sociales, económicas o políticas que de alguna forma colocan a niños y adolescentes en situación de riesgo.

Ha de precisarse que, en la sociedad actual aparece una marcada tendencia hacia la conducta violenta, los programas televisivos realizan apología del maltrato, cuestión no menor, dado que este tipo de conducta contamina y desde algún lugar legitima la transmisión de vínculos violentos como forma válida para el trato cotidiano.

Abordaje de problemáticas a través de la nueva Ley de Infancia

La implementación de la Ley de Infancia conlleva dificultades, dado que se está aún transitando por un periodo de transición con respecto a la estructura anterior.

La ley en sí aparece como la panacea, el niño frente a sucesos violentos o el quebrantamiento de sus derechos es protegido con un abordaje interdisciplinario, a fin de

restablecer los derechos vulnerados.

La realidad es otra, los consejos locales y zonales, entes creados para intervenir restableciendo los derechos, presentan una conformación deficiente en cuanto a los recursos humanos y financieros, hallándose en muchos casos excedido con relación a la demanda, por lo que las solicitudes de intervención se consuman, en muchas oportunidades, desde la buena voluntad

En otras oportunidades, la solución que brindan los consejos a las distintas situaciones no llega a ser la adecuada.

Todo el aparato constituido para aportar a un tratamiento interdisciplinario se encuentra atravesado por cuestiones de orden social, político y económico. Los medios con los que cuentan son insuficientes (ya que la situación social los excede). La problemática así planteada puede ser caratulada como estructural.

Cuando se marca lo estructural, se hace referencia a la necesidad de un cambio sustancial no solo en el aspecto de las instituciones, sino un cambio macrosocial, que incluya la posibilidad de brindar un marcado mejoramiento en la calidad de vida de los sectores y en particular de los que se encuentran en situación de vulnerabilidad.

Este cambio, implica asegurar que niños y adolescentes logren ser acompañados por sus familias, ya que la ley así lo establece, para ello es necesario crear y promocionar políticas tendientes a revalorizar