La Corte Iberoamericana de Derechos Humanos ha vuelto a condenar al Gobierno de México por un nuevo caso de violencia contra mujeres. Según Amnistía Internacionalya es hora de garantizar la verdad, justicia y reparación para Inés Fernández Ortega y Valentina Rosando Cantú, dos mujeres indígenas víctimas de violación sexual por parte del Ejército mexicano en el municipio de Ayutla, Estado de Guerrero, en 2002”.

AI ha instado a las autoridades mexicanas, tanto a nivel federal como del Estado de Guerrero, al cumplimiento de estas nuevas sentencias condenatorias, que se suman a la sentencia de los asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez en el conocido como Caso Campo Algodonero.

Graves violaciones de los derechos humanos

Según la organización pro derechos humanos, “las dos sentencias son muy claras en reconocer una serie de graves violaciones de derechos humanos contra ambas mujeres y sus familiares que han resultado, entre otras cosas, en impunidad por los responsables y el hostigamiento de las mujeres y las organizaciones que han apoyado a las mujeres en su lucha por la justicia”.

Ambas sentencias reconocen graves violaciones de los derechos humanos de estas dos mujeres y sus familiares, así como han sido impunemente hostigadas, tanto ellas como las organizaciones que les han prestado apoyo en sus denuncias.

Negligencia en la atención a las víctimas por parte del Estado

La Corte Interamericana de Derechos Humanos señala con claridad en esta sentencia las graves deficiencias en la atención a las víctimas y la ineficacia de la investigación por parte del Estado que señalan “se ha negado a reconocer que las dos mujeres sufrieron la violación sexual”, contrariamente a lo que la Corte considera probado, “que la mujeres sufrieron violación sexual por parte de los soldados mexicanos".

La sentencia critica la actitud del Estado mexicano, al que le obliga a adoptar una serie de medidas obligatorias, consistentes en la investigación penal en la justicia ordinaria, la apertura de una investigación contra los funcionarios a los que se les acusa de obstaculizar las investigaciones, fortalecimiento de los procedimientos de investigación de la violencia sexual, la mejora de la atención médica a las víctimas y la reparación a ellas, a sus familiares y a sus comunidades.

Según Amnistía Internacional, las sentencias obligan a México a dejar de aplicar la Justicia Militar en estos casos, en los que se investiga a miembros del ejército por violaciones de derechos humanos. Es por ello que anteriormente, noviembre de 2009, ya determinó la obligatoria necesidad de la reforma del Código de Justicia Militar en su sentencia por el caso del líder comunitario, Rosendo Radilla Pacheco, en el municipio de Atoyac de Álvarez, en Guerrero, quien fue detenido ilegalmente en un retén militar el 25 de agosto de 1974 y visto por última vez en un cuartel militar de la misma comunidad, siendo su paradero aún desconocido.

El Gobierno de México, presionado para que haga cumplir los derechos humanos

En menos de un año, México ha sido sentenciado por graves violaciones de los derechos humanos y por la impunidad ante esta, por lo que desde Amnistía internacional se insta al cumplimiento de estas sentencias, emitidas por la Corte Interamericana en los casos de Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú en las que se concluye que “el Estado es responsable por una serie de violaciones a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura y la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer”.

Acabar con la aplicación del fuero militar en los delitos de soldados

Pese a los reiterados intentos de que los militares que cometan delitos contra civiles sean juzgados en los tribunales civiles, los tribunales militares siguen juzgando los casos en los que soldados o mandos del Ejército se enfrenten a denuncias por abusos o violaciones de los derechos humanos de víctimas civiles.

En agosto de 2009, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) rechazó la petición de amparo presentada por una mujer cuyo esposo fue presuntamente asesinado a manos de militares, para que el juicio tuviera lugar en el ámbito de la justicia civil y no militar. La Suprema Corte desestimó el caso en el que se solicitaba la revisión de la constitucionalidad del artículo 57 del Código de Justicia Militar.