Al grito de "el Famatina no se toca", miles de vecinos y ambientalistas de esa localidad riojana se manifiestan en contra del proyecto de megaminería a cielo abierto impulsado por la empresa canadiense OSISKO. Con el aval y la complicidad tanto del Estado provincial como del nacional, el emprendimiento minero conllevaría un alto costo socioambiental ya que sus métodos extractivos necesitan de la utilización de explosivos y grandes cantidades de cianuro, lo que perjudicaría de manera irreversible el suelo y el agua de la zona.

Las protestas cuestionadoras de éste tipo de actividades se venían llevando adelante a lo largo de toda la geografía argentina -Andalgalá, Tinogasta, Jacobacci y Cafayate son solo algunos ejemplos-; pero el Proyecto Famatina fue la gota que colmó el vaso, generando una pueblada fenomenal, captando así la atención de la opinión pública.

Neoliberalismo y minería

Que un Estado democrático se encargue del cuidado de sus ciudadanos parece una verdad de perogrullo. Sin embargo, en la Argentina, todo indica que no lo es. Durante la década del 90', junto a la privatización de gran parte de la economía nacional, el gobierno de Carlos Saúl Menem cedió a grandes empresas transnacionales la potestad de explotar los recursos mineros del país.

El poder legislativo dictó diferentes leyes pro-minería que se sumaron al compás de las políticas neoliberales que terminaron de derribar -la dictadura ya había hecho lo suyo- todo lo bueno que se logró durante el Estado de Bienestar. Es así que se constituyó un complejo mecanismo legal para la justificación de la megaminería, que continúa vigente hasta el día de hoy sin modificación alguna.

De esta forma, el hecho de entregar a cada provincia el dominio originario de los recursos existentes en su territorio -como lo indica el artículo 124 de la Constitución Nacional reformada en 1994- resultó una de las trampas más ingeniosas y la muestra convincente de la connivencia entre Estado y capitales multinacionales: al encontrarse los principales yacimientos mineros en los puntos más pobres del país, los Estados provinciales deben concesionar la explotación a empresas privadas. Éste federalismo epidérmico no es otra cosa que la exculpación del saqueo y la contaminación.

Famatina: la toma de conciencia de un pueblo

La protesta de los famatinenses nos muestra a un pueblo que es conciente y que está informado de las consecuencias que puede acarrear una megaminera a cielo abierto en su territorio. Cerca tienen el ejemplo del Bajo de la Alumbrera, yacimiento localizado en Catamarca, provincia que a pesar de las promesas de enriquecimiento continúa teniendo un índice de pobreza que figura entre los más altos de toda la Argentina.

Según un estudio realizado por la Universidad Nacional de Córdoba, Minera Alumbrera YMAD-UTE -sociedad entre el Estado nacional y diversas empresas privadas- está autorizada a consumir 100 millones de litros de agua por día de la reserva acuífera del Campo del Arenal, lo que equivale a casi el doble del consumo de toda la Provincia de Catamarca. Así también se comprobaron los efectos, a largo plazo, producidos por el proceso de drenaje ácido: luego de veinte años se los puede constatar aún hoy tras el abandono de minas con características similares.

Lo que está ocurriendo en Famatina, La Rioja, contiene aristas muy interesantes para ser analizadas sociológicamente. El pueblo se manifiesta en contra de un proyecto que, como lo explicitábamos, es completamente legal. Pero, ¿hasta qué punto la legalidad que pasa por encima a poblaciones enteras -con el solo objeto de lucrar y beneficiar sus intereses corporativos- puede ser considerada como legítima? O para ser más claros, ¿la legitimidad está necesariamente determinada por las leyes existentes o va más allá de ellas?

Poder legal vs. poder legítimo

La moral, en la modernidad, se encuentra cristalizada en la justicia: como individuos exteriorizamos nuestra concepción acerca del bien y del mal, delegándola a un poder que nos excede ya que aparentemente no tenemos ningún control sobre él. Existe una estrechez, muchas veces no pensada y ocultada, entre la legalidad y los que ejercen el poder: la primera se da como fundamento de los segundos. A pesar de eso, a lo largo de la historia humana, los grandes cambios revolucionarios fueron siempre en contra del poder establecido, que es lo mismo que decir contra la legalidad existente en cada momento histórico.

Podemos enunciar, de este modo, que la ley es siempre legal pero no siempre legítima. La dialéctica que encontramos entre legitimidad y legalidad está presente en todos y cada uno de los actos que llevamos adelante en tanto somos agentes prácticos. Nos es imposible fundarnos en la inercia de las leyes pero debemos, irremediablemente, cumplirlas.

La ley que no dé prioridad al interés general de una sociedad, como la que permite la megaminería a cielo abierto, no puede más que ser ilegítima. Surge así una dicotomía; el poder legal se enfrenta ahora con un poder más contundente, más dionisiaco -en términos nietzscheanos-: el poder legítimo de las masas -plasmado en la frase "el agua vale más que el oro"- las cuales no quieren subordinarse a lo que las leyes determinan.

El gobierno y sus contradicciones

El poder legal/estatal, representado por el gobierno nacional y provincial, se encuentra plantado frente a dos contradicciones con respecto al conflicto. Por un lado, el gobernador de La Rioja Luis Beder Herrera se manifiesta abiertamente a favor de los emprendimientos megamineros a cielo abierto, cuando en campaña electoral en 2007 había expresado exactamente lo contrario. Hasta promovió una ley que los prohibía, la cual derogó una vez en el poder sin realizar, ni siquiera, una consulta popular.

Por otro lado, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner propone el diálogo, lo que no cumple ya que en los últimos días la medida que se tomó fue la de enviar a las fuerzas de seguridad para que repriman y detengan a los vecinos movilizados. Al mismo tiempo, no se puede evadir de la cuestión la aprobación reciente de la Ley Antiterrorista, promovida por el gobierno nacional; una herramienta que en éste contexto podría resultar de gran utilidad ya que criminaliza con mayor dureza la protesta social.

Facilitar un debate entre los diferentes sectores involucrados sería lo correcto. Pero eso depende de la iniciativa y la decisión política de un gobierno, no de ciudadanos que lo único que hacen es luchar legítimamente por sus derechos, su futuro y su libertad. La lógica capitalista, disfrazada por el discurso "verde" y sustentable, menoscaba la verdadera causa ecologista que es fundamental retomar para poder pensar los difíciles tiempos que corren.