Rezando nuestra Carta Magna que todas las personas somos iguales ante la ley, siendo Costa Rica, además, sede de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y habiendo ratificado Convenciones internacionales que incluyen en su normativa la no discriminación por orientación sexual, sería de esperar que las parejas del mismo sexo gozaran de la protección jurídica que el Estado debe garantizar a todas y todos sus ciudadanos.

No obstante, la realidad es otra. En el año 2006, la Sala Constitucional reconoció la urgencia de aprobar una normativa para legalizar los efectos personales y patrimoniales de la convivencia entre personas del mismo sexo; siete años después, esta urgencia legal espera dentro del clóset junto con los derechos humanos y la dignidad de lesbianas y homosexuales.

El primer proyecto de ley presentado en el 2006 llamado Ley de Unión Civil entre personas del mismo sexo, fue reemplazado en el año 2010 por un nuevo proyecto, la Ley de Sociedades de Convivencia. En el primero, la unión de la pareja quedaba inscrita en el Registro Civil, pero con el actual proyecto, al ser una sociedad de convivencia, únicamente se inscribiría en la Sección de Personas del Registro Nacional, de forma tal, que no tenga ninguna semejanza con la institución del matrimonio.

Cabe destacar que el matrimonio entre personas del mismo sexo ha sido aprobado en diecisiete países en el mundo, y alrededor de veinte países más poseen al menos leyes de unión civil. En nuestro democrático país, la defensa de los derechos humanos de homosexuales y lesbianas, el respeto a la diversidad y la tolerancia, no tienen aún cabida en el ordenamiento jurídico.

Y mientras esperamos, la homofobia y la intolerancia se pasean galantemente por los pasillos legislativos impidiendo la aprobación de un simple pero necesario régimen de derechos patrimoniales, se sigue discriminando, excluyendo y negando cualquier derecho a aquellas parejas cuya única diferencia es el estar conformadas por dos mujeres o por dos hombres que se aman.

Quizás el caso más visible, aunque no el único, es el del diputado evangélico y homofóbico Justo Orozco, quien hasta hoy formara parte de la Comisión de Derechos Humanos. Orozco abiertamente ha hecho gala de una posición no solamente opuesta a la aprobación de la Ley de Sociedades de Convivencia, sino que además, lo ha hecho con un discurso discriminatorio y utilizando términos peyorativos al referirse a las personas homosexuales y lesbianas.

Pero independientemente de cuál sea la minoría que aboga a este Estado de derecho por la tutela de sus derechos, la bandera que siempre deberíamos izar como país democrático y respetuoso de los derechos humanos, es la bandera de la no discriminación, la igualdad de derechos y el respeto a las diferencias.

Es lamentable que sea precisamente un diputado quien violente abiertamente y pisotee los derechos humanos; y más reprochable aún, que utilice su religión para fundamentar su homofobia y discriminación.

Todos recordamos como, no hace muchos años, el presidente George W. Bush, públicamente declaró que dios le dijo que atacara Afganistán e Irak. ¿Cuál será el dios de estos falsos profetas que enseñó el odio, la intolerancia, la discriminación, el rechazo, la violencia, la guerra y la muerte?

Pero no solamente el diputado Orozco violenta los derechos humanos de la población homosexual; lo hacen también todos los diputados y diputadas que rechazan este proyecto de ley, dándole la espalda a una minoría que clama por la tutela de sus derechos, por una igualdad real ante la ley, por un alto a la discriminación y al rechazo.

Siete años han pasado desde que la Sala Constitucional manifestó la urgencia de una normativa que tutelara los derechos personales y patrimoniales de las parejas del mismo sexo. Siete años de rechazo, de discriminación e indiferencia por parte de nuestra Asamblea Legislativa para con las personas homosexuales y lesbianas.

En definitiva, al tiempo que nuestros legisladores llevan años discutiendo la simple aprobación de unos cuantos derechos patrimoniales y beneficios de la seguridad social para parejas del mismo sexo, yo me pregunto, ¿y el matrimonio, señoras y señores legisladoras, como para cuándo?