La efervescencia de la coyuntura política argentina se vio, en las últimas semanas, cruzada por dos hechos ligados en entre sí en lo más profundo de sus sentidos. Uno, el ocurrido el pasado 19 de abril, cuando sentenciaron a la pena de 15 años de prisión al exsecretario General de la Unión Ferroviaria (UF) José Pedraza y su segundo Juan Carlos "Gallego" Fernández, por ser considerados partícipes necesarios del asesinato del militante del Partido Obrero Mariano Ferreyra, en manos de una patota durante una protesta de trabajadores tercerizados. El otro, el polémico proyecto de reforma del Poder Judicial enviado por el kirchnerismo al Congreso de la Nación.

En el primer caso, un fallo que, a pesar de condenar por primera vez a un cabecilla de la burocracia sindical, sella la posibilidad cercana de juzgar a los funcionarios estatales cómplices del crimen al enunciar que las pruebas presentadas durante el juicio "muestran, pero no demuestran". En el segundo, una iniciativa autoproclamada como democratizadora, cuando muchos de sus puntos principales evidencian un retroceso en la defensa de los derechos de las mayorías a quienes el oficialismo dice representar -y a las que este paquete de leyes, según su criterio, favorecería.

De Clarines y cautelares

Uno de los puntos claves para comprender la repentina preocupación del gobierno nacional por la existencia de una Justicia corporativa y conservadora, lo encontramos en su disputa con el Grupo Clarín, el enemigo jurado del kirchnerismo desde lo que se dio a llamar en 2008 la "crisis del campo". Es en el año 2009 que se sanciona por amplia mayoría la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, la cual obliga a los grandes multimedios a desinvertir, despojándose de una cierta cantidad de licencias dependiendo de su tamaño empresarial. Clarín, mediante una medida cautelar, logrará dejar en suspenso -solo para sí- el artículo correspondiente a esa obligación.

Llegado diciembre de 2012, momento de finalización de la prórroga otorgada judicialmente, la Cámara Civil y Comercial Federal le permitió al grupo mediático más grande que tiene el país continuar en su posición privilegiada alargando el período de la cautelar. Si a esto le agregamos la sentencia bochornosa en el juicio por la desaparición de Marita Verón -en la que todos los acusados terminaron absolutos de culpa y cargo-, Cristina Fernández de Kirchner se encontró con el pretexto necesario para presentar en 2013 un proyecto de reformas con el Poder Judicial como principal objetivo. Dio señales al respecto en varios actos públicos celebrados durante el verano, pero fue su discurso de apertura del año legislativo el que terminó de confirmar lo que se rumoreaba.

¿De qué hablamos cuando hablamos de democratización?

Nadie duda, y es casi vox populi, acerca de que la Justicia necesita un cambio. ¿Pero se puede hablar de democratización judicial cuando uno de los puntos de la ley pretende restringir las medidas cautelares, herramientas que fueron claves para los luchadores populares -como Mariano Ferreyra- que en la década del 90 enfrentaron la flexibilización laboral menemista? Que existan jueces que abusen de ellas, como es en el caso de la Ley de Medios, no debe llevar a justificar la anulación de las mismas ya que éstas nacieron para favorecer a los ciudadanos más débiles frente al poder estatal. El Grupo Clarín deberá cumplir la ley, tarde o temprano.

Por otro lado, ¿cómo se explica debatir acerca de la apertura de un Poder tan oscuro, como lo es el judicial, sin siquiera referirse a las pésimas condiciones carcelarias a lo largo y a lo ancho del territorio nacional? El titular del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Horacio Verbitsky, cercano en posición política al kirchnerismo, declaró en una entrevista reciente que en las cárceles de la provincia de Buenos Aires el porcentaje de presos sin condena de primera instancia oscila entre el 60% y el 80%. Lo que demuestra que el "garantismo", al que se hace referencia cotidianamente desde la opinión pública, no es tal. Al contrario, da a entender la profunda injusticia que existe ya que una gran cantidad de esas personas no son culpables del delito que se les acusa y se encuentran en vulnerabilidad por pertenecer a las clases de menores ingresos de la sociedad. Verbitsky es contundente: "La cárcel es la villa con rejas, y la villa es la cárcel sin muros".

Algo que resulta atractivo del proyecto, por lo menos en su fondo, es la posibilidad que da de selección de los consejeros de la Magistratura mediante el voto popular. Sin embargo, se corre el peligro de que ocurra una partidización del Poder Judicial al tener que presentarse en listas junto a candidatos políticos, burocratizando aún más un sistema que hace agua por los cuatro costados.

Demócratas para la foto y revolucionarios de tocador

Se habló mucho en estos días, sobre todo desde la oposición conservadora, del peligro que correría el sistema republicano con la aprobación de la reforma impulsada desde el Ejecutivo Nacional. Que se perdería la independencia de la Justicia, que se disolvería la división de poderes y demás alarmas. Al tiempo que el kirchnerismo recurrió a un discurso de características épicas, como si lo que se estuviera haciendo podría llegar a pertenecer en algún momento al canon de las grandes revoluciones de la Historia Universal. Ni una cosa ni la otra tienen cabida en una visión realista, valga la redundancia, de la realidad.

Las palabras de Horacio Días, juez del caso Mariano Ferreyra, desvinculando completamente al gobierno nacional de cualquier tipo de responsabilidad en la reiterada utilización de patotas sindicales para reprimir trabajadores, da un panorama desolador para aquellos que pretendan una Justicia que responda a las mayorías. Una sentencia que garantiza la impunidad anulando la posibilidad de avanzar en la acusación de la "pata" estatal cuando se presentaron pruebas contundentes que demuestran que lo ocurrido formó parte de un plan orquestado desde arriba.

De esta forma, resulta casi surrealista pensar en un cambio a partir de una reforma judicial que lo único que pretende hacer es un lavado de cara para que todo continúe como está. Un proyecto que lejos está de favorecer a los más débiles y de cuestionar el papel del Poder Judicial, en una sociedad cruzada transversalmente por diversos intereses de clase y en la cual la Justicia existe, antes que nada y sobre todo, para resguardar la integridad de los más poderosos.