- Centros de menores - Nanynany
Parecería que un menor en desamparo, al menos aquí en España, tiene la suerte de contar con los recursos y las garantías del Estado –en este caso de cada comunidad autónoma– para sentirse amparado por unos centros presuntamente educativos y terapéuticos que van a ayudarle a reinsertarse en la sociedad.
En ocasiones, es cierto que muchos menores viven en ambientes desestructurados y que su vida es de todo menos fácil. Pero la figura del desamparo no es tan evidente como pudiera parecer. Y desde luego, la presunta desestructuración que sufren algunos niños se debe a hechos muy concretos que se pasan por alto, como por ejemplo el abuso sexual.
Cuando hay un presunto abuso sexual de menores
Cuando hay un caso de presunto abuso sexual a un menor dentro de la familia, generalmente perpetrado por el padre, y se interpone una denuncia, generalmente por parte de la madre, el abuso sexual casi nunca deja de ser presunto. Así es; demostrar la existencia de un abuso sexual a un menor en España –sobre todo cuando el presunto agresor es el padre– es poco menos que una misión imposible. Y no sólo en España.
Ahora bien; una vez interpuesta la denuncia se activa el procedimiento y el menor entra en el sistema. Y cuando entra, difícilmente vuelve a salir. Empieza el peregrinaje, el calvario y el maltrato institucional. Al menor se le declara en desamparo, y ciertamente queda desamparado. Por el presunto bien superior del menor, muchas veces a la madre se le aconseja que el niño sea tutelado por el organismo encargado de investigar el asunto, que en el caso de Cataluña es DGAIA (Dirección general de atención a la infancia y adolescencia).
A partir de ahí el niño puede pasar a la familia extensa o puede pasar al padre, tras el omnipresente diagnóstico de síndrome de alienación parental que se le achaca a la madre, circunstancia que ocurre sistemáticamente, por más que dicho síndrome no esté avalado por ningún organismo competente, como la influyente APA (Asociación de Psicología Americana), ni este incluido en ningún manual diagnóstico de los trastornos mentales, rechazado por la OMS, por la Asociación Española de Neuropsiquiatría y por el Consejo General del Poder Judicial, entre otros. Pues aún así se aplica indiscriminadamente a todos los niveles.
Por otra parte, la madre también puede ser diagnosticada con un trastorno histriónico o con el síndrome de Munchausen por poderes. Y al final, en el peor de los casos –si es que puede ser peor– el menor puede terminar en un centro de menores.
Los malos tratos en la infancia y la adolescencia
Decir que los centros de menores encargados de tutelar a los menores están lejos de cumplir las expectativas para las que debieron ser creados, sería de una benevolencia inaudita o de una ingenuidad ilimitada. Es mucho peor que esto. La opacidad ligada a los intereses inescrutables de estos organismos, no tanto de los centros de menores, que también, sino de los Dgaia y EAIA (Equipo de atención a la infancia y adolescencia) en Cataluña, Ciais (Centro integral de atención a la salud infanto-juvenil) y CAI (Centro de atención a la infancia) en Madrid y lo mismo en otras comunidades, ya que muchos son privados y dependen de ellos.
Todo esto hace que la realidad de lo que ocurre pocas veces aflore. Aún así hay excepciones, como sucedió con el caso Alba en Montcada y la resolución del Síndic de Greuges (el equivalente en Cataluña del defensor del pueblo). ¿Quién pago por ello? No sólo el caso Alba mereció la intervención del Síndic. Un año después llegó el caso Claudia, un bebé de cinco meses que tuvo que ser intervenido quirúrgicamente tras haber sufrido malos tratos.
Estos casos salen a la luz por la muerte del menor o por la gravedad de los hechos que no permiten que siga pasando desapercibido. Pero detrás de estos casos hay otros miles de los que nadie sabe nada.
Denuncias a los centro de menores: un limbo sin derechos
Las denuncias a los centros de menores han sido constantes. En Cataluña, Amnistía Internacional denunció la violación de los derechos de los jóvenes allí recluidos, con castigos físicos, tratos degradantes de todo tipo y medicación forzada que se administraba sin diagnóstico alguno por parte de un personal que carecía por completo de la formación adecuada. La Generalitat, por su parte, no facilita información alguna, mientras que desde la DgaiaA se minimiza la denuncia de Amnistía Internacional, aduciendo que se trata de casos muy puntuales.
En Madrid la realidad no es muy diferente, tal y como en su momento denunció el defensor del pueblo en un amplio informe. Otro tanto sucede en Andalucía y en tantos otros lugares del territorio español. Y mientras tanto, todo sigue igual. O peor.
Pero nadie con conocimiento de causa puede quedarse con los brazos cruzados. Tarde o temprano saldrá a la luz el robo de niños al amparo de la ley. La gente se une y lucha por sus hijos.
Joan Montane Lozoya - Me llamo Joan Montané y desde siempre mi pasión ha sido escribir. Si tuviera que explicar cuál es mi ...
