
- Eduardo Buzzi, presidente de Federación Agraria - Web site perfil.com
El sector agropecuario no constityó de ningún modo una prioridad para el actual gobierno de Cristina Kirhcner, ni tampoco para la anterior administración de su marido, Néstor Kirchner.
Las diferencias se hicieron evidentes hacia 2006, y el conflcito campo-gobierno adquirió gran intensidad y dramatismo entre los meses de marzo y julio de 2008.
La larga serie de desencuentros se había iniciado con el cierre de las exportaciones de carne, dispuesto en abril de 2006; éste, sumado a otras decisiones de una política agropecuaria restrictiva en lo comercial y excesivamente intervencionista, y a un discurso oficial ofensivo -vinculado a la supuesta “avaricia” de los productores agropecuarios-, generó el clima propicio para lo que ocurriría en 2008.
En efecto, el malestar de los productores rurales se iría incrementando paulatinamente, al tiempo que las cuatro entidades gremiales del sector comenzaban a acercarse unas a otras. Este proceso de convergencia se completó el día 12 de marzo de 2008 –luego de la prohibición de las exportaciones de trigo y un día después que el gobierno anunciara una nueva suba en las retenciones: la implementación de las llamadas “retenciones móviles”-, cuando la Sociedad Rural Argentina (SRA) decidió plegarse al resto de las entidades en la realización de un paro nacional.
El gobierno “deja hacer”
Creyendo probablemente que el conflicto de desgastaría y desinflaría “solo”, con el simple paso de los días, los Kirchner no dijeron ni hicieron nada durante los primeros doce días de paro rural; y esto a pesar de su altísimo acatamiento y de la gran extensión geográfica de los cortes de caminos.
Esta inacción gubernamental implicaba un doble error: por un lado no se intentaba ninguna negociación con los ruralistas, y por otro se permitían los cortes de rutas en gran parte del país. De este modo se potenciaba el conflicto, el gobierno –el Estado- perdía todo control del espacio público y se instalaba una situación de anomia y anarquía generalizada.
De la inacción a la provocación
El martes 25 de marzo la presidenta Cristina Fernández de Kirchner se refirió por primera vez, públicamente, al conflicto agrario: habló, refiriéndose a los productores agrarios, de “piquetes de la abundancia”, de “extorsión”, de las camionetas “4x4” que no deberían pretender adquirir “a costa de que otros argentinos no puedan acceder a las cuestiones más elementales”, describió como “paisana” la supuesta angurria ruralista (“cuando las vacas vienen gordas, las vaquitas para ellos y las penitas para los demás”), etcétera. Les enrostró también no tener en cuenta las diversas medidas –favorables al sector- que el gobierno había instrumentado, y pasó a detallarlas –subsidios al gasoil y a la producción lechera y diversas obras de infraestructura.
Vastos sectores sociales interpretaron este discurso –aunque no fuese dirigido a ellos- como una gran provocación. La Presidenta había echado nafta al fuego, transformando un conflicto sectorial en un serio enfrentamiento entre el gobierno y gran parte de la sociedad.
El conflicto se vuelve “crónico”
A partir de aquella fecha, y hasta la histórica votación –desempate- del vicepresidente Julio Cobos en la madrugada del 17 de julio –la resolución de las retenciones había sido enviada al congreso para ser ratificada o rechazada-, el conflicto escalaba en intensidad y densidad. Se producían treguas de muy corta duración, durante las cuales la Presidenta o algún ministro recibía a las entidades rurales, sin que se produjeran anuncios relevantes –el gobierno intentaba, sin éxito, desactivar el conflicto mediante el anuncio de medidas cosméticas o paliativos, sin abordar el núcleo del problema, vinculado al monto de las retenciones y a las trabas o prohibiciones de las exportaciones. Los cortes de rutas de los productores y luego de los transportistas se reproducían, como “hongos luego de una lluvia”, en gran parte del país.
El clímax
El domingo 15 de junio de 2008 Alfredo De Angeli –líder de la rebelión agraria- fue detenido por la gendarmería nacional en las cercanías de Gualeguaychú, en la zona del corte de ruta más famoso de entre los múltiples que se producían a diario. El dirigente debió ser liberado pocas horas después, debido a las puebladas ocurridas en Entre Ríos y en gran parte del país. El gobierno nacional actuaba claramente a destiempo, intentando dar una señal de autoridad y de restablecimiento del orden público; pero a esas alturas era como intentar apagar un incendio que se había propagado largamente, echando nuevamente nafta –como en el discurso presidencial del 25 de marzo- en vez de agua.
El día siguiente estuvo signado por cacerolazos masivos de las clases medias de la Ciudad de Buenos Aires y de numerosas ciudades del interior, en abierto repudio a la postura de los Kirchner.
El desenlace
Si bien la Presidenta minimizó –al día siguiente- los cacerolazos y protestas y ratificó la suba en las retenciones –habló de “encarcelar a los estancieros que cortan rutas” y de las protestas como un “bocinazo”-, el nivel de tensión llevó al gobierno a enviar la polémica medida al Congreso Nacional, para su definitiva aprobación o rechazo.
Durante los treinta días que mediaron entre esta decisión gubernamental y la votación en el senado –la suba en las retenciones había obtenido media sanción en diputados-, se produjeron diversas movilizaciones.
El campo se reunió en Palermo el día previo a la sesión en el senado, en uno de los actos más multitudinarios que se recuerden –concurrieron más de doscientas mil personas-, mientras que el gobierno movilizó noventa mil personas en la zona del congreso.
Una derrota en varios frentes
El vuelco de varios senadores oficialistas y aliados que hasta ese momento habían acompañado sin chistar las iniciativas kirchneristas -el gobierno contaba con una holgada mayoría en ambas cámaras-, incluido el vicepresidente Julio Cobos –de origen radical y que debió desempatar la votación-, solo se explica por la gravedad y prolongación del conflicto, incluidas la masiva movilización ruralista en Palermo y la presión de la gente en las calles durante la sesión en la cámara alta.
El desenlace del largo combate implicaba para los Kirchner una derrota múltiple, incluida la pérdida de la hegemonía política: en el plano argumentativo e ideológico –no lograron convencer a la sociedad respecto de las ventajas y del progresismo implícito en el cobro de altas retenciones-, en el plano de la calle –las movilizaciones del campo superaron holgadamente a las impulsadas por el kirchnerismo-, en el plano de la opinión pública –la imagen de los Kirchner se derrumbó prácticamente de un día para otro, sin que se observara ningún repunte relevante desde entonces-, y en el plano político-parlamentario –el gobierno perdió el apoyo de numerosos legisladores, gobernadores, intendentes y dirigentes políticos y sociales.
