Casi todo el mundo conoce la existencia de asociaciones de consumidores y de organismos de la Administración en sus distintos niveles, local, autonómico y estatal, competentes en materia de defensa de los consumidores. Pero, probablemente, no se sabe cómo empezó todo, cuáles son los antecedentes y cómo fue la evolución hasta llegar al actual sistema de defensa de los derechos de los consumidores.

Sin duda alguna, el envenenamiento masivo por aceite de colza desnaturalizado ocurrido en la primavera de 1981, que causó la muerte de 1.100 personas y el envenenamiento de otras 60.000, marcó un antes y un después en la defensa de los derechos de los consumidores en España.

Los antecedentes de los organismos de consumo en España

Aunque la intoxicación provocada por el aceite de colza, marcó el punto de partida para la creación de la Secretaria de Estado para el Consumo, como organismo de coordinación de ámbito estatal, la realidad es que en España ya existían órganos de la Administración que controlaban la distribución y la calidad de los alimentos. En concreto en 1963 se creó el Servicio de Disciplina de Mercado dependiente del Ministerio de Comercio.

En el ámbito provincial estas competencias las tenían las Jefaturas Provinciales de Comercio Interior, que desarrollaban fundamentalmente labores de inspección.

A raíz de los graves daños provocados por la venta de aceite de colza desnaturalizado, que se ofrecía a los consumidores como aceite de oliva en mercadillos y venta ambulante, el Congreso de los Diputados aprueba el 24 de septiembre de 1981 una Proposición no de Ley sobre Medidas Urgentes de defensa de la salud de los consumidores.

El artículo 51 de la Constitución española

Esta iniciativa parlamentaria se marca como objetivo la revisión de los servicios de inspección de consumo existentes en ese momento, así como la coordinación de los mismos. Para realizar esta labor coordinadora se crea la Secretaria de Estado Para el Consumo y posteriormente el Ministerio de Sanidad y Consumo.

Estas actuaciones gubernamentales y parlamentarias, más allá de los luctuosos sucesos que las motivaron, tienen su origen en artículo 51 de la Constitución: "Los poderes públicos garantizarán la defensa de los consumidores y usuarios, protegiendo, mediante procedimientos eficaces, la seguridad, la salud y los legítimos intereses económicos de los mismos". Para desarrollar y regular estos derechos de los consumidores recogidos en la Carta Magna, se aprueba el 19 de julio de 1984 la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios.

El Instituto Nacional del Consumo

El Instituto Nacional del Consumo es el organismo de la Administración del Estado que en desarrollo del artículo 51 de la Constitución y de la L.G. para la Defensa de los Consumidores y Usuarios ejerce las funciones de promoción y fomento de los derechos de los consumidores y usuarios. Debe decirse, además, que tras el proceso de transferencias de competencias, en materia de consumo, a las comunidades autónomas el INC cumple una función coordinadora y de apoyo tanto a los organismo de consumo de las comunidades autónomas como a las asociaciones de consumidores de ámbito estatal.

Juntas Arbitrales de Consumo

Las juntas arbitrales ofrecen a los consumidores y usuarios un sistema extrajudicial de resolución de conflictos, que facilita acuerdos con los empresarios o profesionales denunciados. Estos acuerdos tienen carácter vinculante y representan una forma ágil y eficaz de resolver las reclamaciones. El sistema arbitral sólo se puede utilizar cuando el conflicto no está motivado por intoxicación, lesión, muerte o existan indicios racionales de delito.

Por otra parte, los establecimientos comerciales pueden adherirse de forma voluntaria al sistema arbitral y exhibir en el exterior del establecimiento el correspondiente logotipo. De esta forma, aparecen ante los consumidores y usuarios como empresas que respetan la normativa de consumo y que en cualquier caso facilitan el acuerdo para la resolución de conflictos.

En las juntas arbitrales están representados el sector empresarial afectado, las asociaciones de consumidores y la Administración. El representante de la Administración interviene como Presidente de la Junta.

Las juntas arbitrales resuelven a diario reclamaciones relativas a todos los sectores, pero en concreto en aquellos que generan el mayor número de problemas como son las reparaciones de electrodomésticos, talleres de reparación de automóviles, tintorerías, agencias de viajes etc.

La asociaciones de consumidores en España

Las asociaciones de consumidores son entidades privadas sin ánimo de lucro que defienden los intereses de los consumidores y les representan ante la administración. Estas organizaciones tienen su origen en el artículo 22 de la Constitución, que consagra el derecho de asociación, y en el 51 que se ocupa de los derechos de los consumidores y usuarios.

Las asociaciones están representadas en el Instituto Nacional del Consumo en el Consejo de Consumidores y Usuarios, órgano en el que ejercen un papel activo en la política nacional de consumo e igualmente en el ámbito autonómico.

El derecho y el deber de reclamar

Como se puede apreciar, los consumidores tienen en la actualidad un amplio abanico de organismos y entidades donde defender sus derechos. Por otra parte los ciudadanos hace años que perdieron el miedo a denunciar y no dudan en acudir a las diferentes instancias para defender sus derechos.

Aun así queda mucho camino por recorrer, y en concreto la asignatura pendiente en España es conseguir un movimiento asociativo fuerte equiparable al existente en otros países europeos. La educación del consumidor y el apoyo de las diferentes administraciones, son sin duda la vía para alcanzar este objetivo.