La primera semana del año 2008 el presidente Tabaré Vásquez promulgó la norma legal 18.246 sobre "unión concubinaria". La ley no tendría nada novedoso pues vendría a sumarse a otros cuerpos legales similares que existen en Latinoamérica. Lo trascendente es que el cuerpo legal establece derechos y deberes para parejas de cualquier sexo que hayan convivido por más de cinco años.

Por esto último, la ley se convierte en la primera legislación promulgada en hispano américa que deja en igualdad de condiciones a parejas heterosexuales y homosexuales.

La legislación les permite a parejas no casadas, de cualquier sexo, inscribirse como parejas con el fin de tener derechos similares a otras personas que han contraído matrimonio.

Una cuestión de derecho

Discutir sobre si es propio o no, lícito o ilícito, no es una cuestión que competa en un artículo de esta naturaleza. Se pierde mucho tiempo en analizar sobre si una conducta es impropia o no. Confundir los planos es complejo. Uno es el ámbito netamente ético, moral y religioso, y el otro es el aspecto de derecho.

Los latinos hemos tenido la tendencia, por historia, ejercicio religioso y tendencias culturales a entrometernos en la vida privada de otros. No obstante, es de derecho que los individuos tienen la opción de decidir cómo y con quién vivir. Dicha elección no es lícito privársela a nadie. Al margen de que las elecciones que hagamos puedan o no acarrearnos consecuencias deseables o ingratas.

El diputado Diego Cánepa, quien ha redactado el proyecto original destaca que la ley "profundiza la democracia, protege la diversidad de opciones y deja de lado la discriminación existente en materia legislativa que amparaba determinadas preferencias" y agrega que "algo tan íntimo como elegir con quién vivir, generar una comunidad y compartir aspectos de la vida privada es un paso trascendente en la incesante búsqueda de la libertad del ciudadano".

Es, probablemente, ese el punto que se olvida cuando se debate el asunto, confundiendo planos morales y religiosos con el derecho que a las personas les cabe de optar por un estilo de vida.

La cuestión de la familia

Sin duda, quienes defienden los valores familiares, miran la norma como algo que puede socavar las bases del matrimonio. No obstante, eso es confundir nuevamente el asunto con valores y principios que son tan lícitos como el derecho que les cabe a otros de elegir una determinada forma de vida.

La familia, en sus diversos estilos, no debería verse afectada por una ley de este tipo, al contrario, profundiza valores que engrandecen, esto es, la necesidad de no discriminar a nadie, de respetar los valores de otros, más allá que sean o no de nuestra preferencia.

El entender que otra persona tiene derecho a elegir una forma de vida, no nos priva de la libertad de opinión para objetar dicha opción, no obstante, la manifestación de la opinión no tiene nada que ver con el ejercicio en derecho de elección de un estilo de vida, cualquiera que este sea.

El bien común y el respeto

En el ejercicio de la libertad de elección los individuos tienen el derecho legal (e incluso divino, para quienes son creyentes) de elegir vivir el estilo de vida que le plazca. En su ejercicio del derecho no deberían, por equidad y justicia, atropellar el derecho que otros tienen para objetar, analizar críticamente y rechazar, incluso, ese estilo de vida.

Por otro lado, desde tiempos del derecho romano, se establece que los individuos deben aprender a vivir en comunidad y las leyes, lejos de molestarnos o hacernos débiles, nos fortalecen pues nos dan un entorno que protege la privacidad, el bien común y el respeto.

Contenido de la ley

La ley establece que la convivencia ininterrumpida por cinco años genera derechos y deberes.

El artículo 2 de la ley establece que "se considera unión concubinaria a la situación de hecho derivada de la comunidad de vida de dos personas -cualquiera sea su sexo, identidad, orientación u opción sexual- que mantienen una relación afectiva de índole sexual, de carácter exclusiva, singular, estable y permanente, sin estar unidas por matrimonio entre sí".

Quienes viven en esta situación están obligados a brindarse asistencia mutua y compartir gastos de acuerdo a sus entradas.

Si la situación de convivencia se termina, persiste la obligación de asistencia en un período no mayor al tiempo que duró la relación. Eso incluye la posibilidad de otorgar prestaciones alimentarias que sean dirimidas por un juez.

Quienes vivan en situación de convivencia pueden solicitar el reconocimiento legal de su situación. Esta declaración tiene como fin determinar los años de convivencia, eso implica el inicio de una comunidad de bienes, a menos que las dos personas viviendo en convivencia optaran por otra forma de administración de bienes.

Una vez reconocida legalmente la unión de concubinado, ambas personas asumen deberes y derechos semejantes a una unión conyugal.

El artículo 8 establece que la unión se disuelve por:

  • Sentencia judicial de disolución, dictada a petición de cualquiera de los concubinos, sin expresión de causa.
  • Fallecimiento de una de las personas de la unión.
  • La declaración de ausencia.
La ley ampara a los hijos nacidos en dicha relación, dejándolos con iguales derechos que niños nacidos en uniones matrimoniales. En ese sentido, se hace justicia a criaturas que no eligen nacer en esas condiciones.

En el caso de fallecimiento de una de las personas de la unión de hecho, esta adquiere derechos sucesorios similares a la ley conyugal.

La ley establece también que las personas reciben pensiones en la misma calidad que los matrimonios y los principios de seguridad social establecido para sociedades conyugales.

Conclusión

Para quienes creen en la familia tradicional, el mejor modelo de relacionamiento es el de un varón y una mujer que, juntos, construyen una familia con compromiso conyugal.

No obstante, la ley planteada por Uruguay viene a otorgarles derecho a ciudadanos que no deberían ver vulnerados sus opciones legales por una elección de vida diferente a la planteada por otras personas.