Durante los meses siguientes al 11-S, mientras el gobierno norteamericano afianzaba su postura de ataque contra el terrorismo; Chile, en un intento de terminar con el supuesto “terrorismo mapuche” existente en el país, aplicaba a prisioneros de esa etnia la Ley Antiterrorista, introducida para enfrentar las acciones de los grupos armados que se oponían a la dictadura de Pinochet y la cual, paradójicamente fue muy criticada por la Concertación cuando el gobierno militar la aplicó a sus disidentes.

En 2003, Ricardo Lagos Escobar se convirtió en el primer Presidente concertacionista en aplicar dicha legislación a los mapuches desde el regreso de la democracia, en 1990. Camino que siguió su sucesora, la socialista Michelle Bachelet. Posteriormente, tras la llegada del actual mandatario, Sebastián Piñera, la aplicación de la ley trascendió la etnia mapuche, cuando un joven pakistaní fue acusado de terrorista en medio de un fuerte operativo gubernamental.

Aplicación de Ley Antiterrorista: tres casos emblemáticos

Sólo entre los años 2003 y 2005, dicha legislación fue invocada en 10 casos relativos a acciones de protesta violenta en relación con las demandas de tierras indígenas. No obstante, según el abogado especialista en derechos humanos y miembro del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), Sergio Fuenzalida Bascuñán, “en los hechos no estuvo en juego la vida, integridad o libertad de ninguna persona. Tampoco fue alterada o puesta en peligro la existencia de la comunidad ni menos el orden constitucional. De ahí que la persecución criminal y condena a dirigentes mapuches utilizando la legislación antiterrorista resulta desproporcionada”.

Por otra parte, en marzo comuneros mapuches comenzaron una huelga de hambre, medida a la que esta semana se unieron integrantes de sus familias, demandando un juicio justo. Hoy, tras completar 87 días de huelga; la vocera mapuche, Natividad Llanquileo, confirmó que los comuneros depusieron el ayuno.

El segundo ejemplo de aplicación de Ley Antiterrorista, es el Caso bombas referente a ataques con artefactos explosivos en Santiago y que tuvo su momento más álgido tras la detención de 15 chilenos por asociación ilícita de carácter terrorista. Se habló de montaje por parte del gobierno y la fiscalía, aduciendo un interés mediático de presentar como descubierta la causa mediante pruebas y argumentos falaces y débiles. Entre las 6 mil 744 pruebas hay un libro de Paul Johnson, cajas de fósforos, papel celofán y documentos con escritos políticos. El juez del octavo juzgado de garantía de Santiago, Luis Avilés, acusó a la fiscalía de “presentar pruebas de cuarta categoría” y hasta la fecha se han excluido cerca de 3 mil 500. También hay acusaciones por utilización de testigos falsos.

Un informe realizado por el Observatorio Ciudadano y otras instituciones de DD.HH sobre la situación de los 15 detenidos, concluye que estos son "presos políticos" y que hubo "vulneración de sus derechos humanos". Ahora el nuevo fiscal jefe, Raúl Guzmán, inicia una nueva investigación del caso, mientras han sido descartados más de 300 testigos de los 794, donde 316 son carabineros.

Por otra parte, en medio del Caso bombas, se presentó la tercera situación en que se aplicaba la Ley Antiterrorista. El 10 de mayo de 2010, Mohamed Saif Ur Rehman Khan, un pakistaní de 28 años; fue detenido ilegalmente dentro de la embajada estadounidense de Chile tras ser catalogado como sospechoso de pertenecer a una red terrorista islámica; ello pese a no ser sorprendido en acto alguno que indujera a pensar que planeaba un atentado. Además fue acusado de mantener contacto con jóvenes chilenos presuntamente vinculados a atentados explosivos en Santiago. Ninguna de estas acusaciones fue probada. Todo el operativo para acusar al joven de terrorista y posteriormente detenerlo, fue puesto en tela de juicio, y se habló de un enorme montaje entre la Embajada de Estados Unidos, donde Saif Khan había hecho sus trámites para obtener una visa, y el ministro del Interior chileno, Rodrigo Hinzpeter. Finalmente, en diciembre de 2010 la fiscalía cerró la investigación por falta de pruebas.

Testigos sin rostro: el lado opuesto a la democracia

Tal como establece Human Rights Watch, la Ley Antiterrorista dificulta la libertad provisional y permite que los acusados sean condenados basándose en el testimonio de testigos anónimos. El uso de estos debilita la capacidad de la defensa para refutar las pruebas presentadas por la acusación, ya que la identidad y la conducta de los testigos tienen una relevancia directa para su credibilidad. Es posible que los propios testigos tengan antecedentes penales, rencillas personales o animosidad política contra los acusados, asevera Human Rights Watch.

A mediados de octubre de 2010, el gobierno aprobó una ley de reforma de la Ley Antiterrorista, reforzando garantías de debido proceso, como por ejemplo, permitir a los abogados defensores interrogar a testigos de cargo de identidad reservada. En ese momento el gobierno anunció que retiraría los cargos de terrorismo en la totalidad de las querellas contra mapuches, y afirmó que serían procesados exclusivamente conforme al derecho penal ordinario. Sin embargo, no se modificó la disposición legal sobre delitos contra la propiedad, y los fiscales continuaron aplicando la ley a este tipo de ilícitos, incluido el uso de testigos protegidos.

En su segunda cuenta pública, el pasado 21 de mayo, el Presidente Sebastián Piñera declaró que “ingresamos un proyecto de ley para adecuar nuestra legislación antiterrorista a los estándares propios de democracias desarrolladas”. En opinión del abogado y defensor de comuneros mapuches desde 1997, Pablo Ortega, esta ley debiera ser derogada. “Tendría que llamarse a una asamblea constituyente en este país, que represente a toda la sociedad, para derogar y revisar toda la legislación dictada por Pinochet”, enfatizó.

Con la aplicación de la Ley Antiterrorista, se incumple una serie de compromisos adquiridos entre naciones. Las condenas dictadas en base a testigos anónimos violan el artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Tal figura legal niega las garantías procesales pertenecientes a toda persona, lo que contraviene el artículo 20 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y el artículo 3 común a las Convenciones de Ginebra, referente a tener un juicio justo.

Por tanto, es fundamental crear una ley acorde a un Estado democrático. Pero además, pese a lo complejo y amplio que es el terrorismo como fenómeno y concepto, es primordial que se entienda lo que realmente constituye un delito terrorista para no llegar al enjuiciamiento de casos como los descritos.

En consecuencia, el desafío al que han de hacer frente los Estados no es promover la seguridad a expensas de los derechos humanos, sino garantizar la totalidad de estos para todas las personas; sin que ello signifique retroceder en la democracia de un país.