En un Estado de Derecho garantista hacia los implicados en la comisión de un delito, queda el interrogante de qué hacer para salvaguardar los de aquellos que han visto mermados los suyos: las víctimas.

Victimización primaria y secundaria

La victimización primaria ocurre cuando la víctima sufre el delito, el momento en que éste es padecido como tal, lo que en la mayoría de los casos supone sincronismo entre la comisión del delito y su percepción por parte de la víctima; o puede ser una percepción diacrónica como ocurre en casos de estafa en los que la víctima toma conciencia del delito pasado cierto tiempo. El estado anímico que provoca ser víctima depende múltiples factores, como la gravedad del mismo, las consecuencias que pueda tener para la persona y su entorno, el estado psíquico-emocional, la repercusión social, entre otros.

La victimización secundaria supone un nuevo estado en la que la víctima se encuentra inmersa en el proceso de investigación policial y procedimiento judicial. Pensemos, por ejemplo, en un delito de violación. La víctima no sólo padece la violación, sino que se tiene que prestar a un reconocimiento médico, declaraciones que le hacen revivir ante personas desconocidas la experiencia traumatizante que supone ser víctima de violación, vivir la metamorfosis de pasar de ser víctima a mero objeto testifical en el proceso judicial.

Mientras que el acusado de perpetrar la violación tiene la presunción de inocencia, seguridad jurídica y derecho a defensa, la víctima queda en un segundo plano: es el objeto del delito, pero no el verdadero protagonista. Durante el proceso pasa a ser protagonista el delito en sí y su tránsito judicial en un trasiego temporal que la víctima casi nunca entiende detrás de un lenguaje procesal ajeno a su situación. Esta sensación de desamparo viene a ser lo que algunos autores como García Pablos de Molina consideran victimización secundaria.

La objetividad como meta

Uno de los logros del ser humano es la superación del concepto de venganza como reparación por los daños sufridos por una persona por la acción de otra. La ley de Talión, ojo por ojo y diente por diente, no es más que la natural respuesta defensiva de un individuo o grupo social a lo que percibe como daño o agresión que debe ser reparado. Otro aspecto es qué se consideraría daño y los criterios para identificarlo, pero centrándonos en el objeto del presente artículo, toda conducta que lesiona los intereses morales o sociales provoca en quien los padece de forma primaria (la víctima) o secundaria (allegados o entorno social) una reacción visceral de respuesta inmediata (vengativa) de castigo. El Derecho pretender encauzar dicha respuesta en un sistema que determine de forma objetiva y neutral la tipificación del delito, las garantías procesales y la pena del culpable si la verdad jurídica (que no tiene que ser la verdad real) lo considera como tal.

Condena y reparación

Cuando una persona es considerada culpable y condenada por ello a la pena que quede establecida en la Ley Penal, el Estado ha terminado su vinculación con la víctima. El causante de su daño ha sido identificado, procesado y condenado. Fin de la historia. ¿Pero es así? No, por supuesto que no. Mientras la víctima tiene a su servicio la tutela del Estado para su mantenimiento, custodia y garantía a las que como recluso tiene derecho, la víctima queda sólo como tal, víctima de un delito que ha sido juzgado y condenado. La reparación queda reducida a una condena y, en ocasiones, el pago de una cantidad económica en concepto de reparación que suele no ser abonada.

Nuevos enfoques

La víctima no es considerada por la moderna Criminología como mero agente pasivo del delito. Es necesario también el estudio de la víctima para la prevención del delito, no sólo del delincuente. Para explicar didácticamente este supuesto, pongamos un ejemplo. Pensemos en la prostitución, actividad que no está considerada delito en España por parte de las personas que la ejercen pero sí la inducción a ella. Las probabilidades de que una prostituta caiga en una red de explotación sexual, sea inducida al consumo de drogas o víctima de delitos como el robo, asesinato, agresión sexual o extorsión son elevadas. Como posible víctima, la labor de las ciencias sociales es considerar qué aspectos determinan la potencialidad victimológica, corregir aquellos aspectos sociales y normativos que ayuden a la prevención del delito y, en caso de producirse, activar los mecanismos necesarios para la protección de la víctima frente al victimario e insertarlas en los programas sociales que ayuden a la víctima a la superación de su estatus o, cuanto menos, disminuir su potencialidad victimológica.

Pero para ello es necesaria la intercesión efectiva de los poderes del Estado, lo que se traduce en partidas económicas. Actualmente, la prevención del delito tiene puesto su enfoque principalmente en el delincuente: buscar su reinserción. Quizá ha llegado el tiempo de considerar que la víctima también necesita la atención de los poderes públicos más allá de la compasión o el paternalismo sin caer en el error del antigarantismo.