En España hay más de un millón y medio de parados de larga duración sin derecho a prestación ni subsidio de ninguna clase, un número que posiblemente aumentará en los próximos meses si no se invierte la tendencia al alza del número de desempleados, y aún más si la crisis empuja a volver a España a los emigrantes que la abandonaron durante los últimos años y que ahora se encuentran desempleados en sus países de acogida, una posibilidad que las promesas electorales de Rajoy, de cumplirse, facilitarían mucho.

Esto significa que hay al menos un millón y medio de ciudadanos sin recursos que viven del apoyo familiar o de la beneficencia y que constituyen el núcleo principal de un sector empobrecido y en riesgo de marginación que debería constituir el principal objetivo de cualquier plan de ayuda que el gobierno idease. No obstante, en los últimos meses, supuestamente por la crisis y sobre todo en Galicia, esta idea preconcebida se ha dado de bruces con la realidad de un sistema sanitario que se niega a atender de manera gratuita a aquellos que menos tienen.

Galicia: retirada de tarjetas sanitarias sin previo aviso

El pasado 29 de septiembre entró en vigor una medida de la Consellería de Sanidade de la Xunta de Galicia según la cual todos los ciudadanos gallegos que agotasen su prestación de desempleo y llevasen más de un año sin trabajar deberían solicitar nuevamente la tarjeta sanitaria, aportando documentación probatoria de su falta de recursos y de no estar pagando un seguro de salud privado, con lo cual podían pasar semanas, o incluso meses, sin derecho a la sanidad pública, a excepción de urgencias, y siempre firmando por adelantado un compromiso de pago.

La medida, que se aprobó con la oposición del Partido Socialista de Galicia (PSdG) y del Bloque Nacionalista Galego (BNG), empezó a aplicarse sin previo aviso a los usuarios afectados que, desde principios de octubre, se encontraron con que al llegar al centro médico para pedir cita se les avisaba que su tarjeta no estaba vigente, y suscitó duras críticas de los partidos políticos en la oposición y los sindicatos gallegos.

La Xunta lo negó primero para luego rectificar

Inicialmente, la Xunta negó la posibilidad de que esto estuviera ocurriendo de verdad y acusó a la oposición de manipular la realidad para atacar al Partido Popular y a su gestión. No obstante, pronto tuvo que rectificar, y ahora la conselleira de Sanidade, Pilar Farjas, afirma que la orden de la Xunta sólo debe afectar a los ciudadanos que soliciten la tarjeta del SERGAS por primera vez y se encuentren en situación de desempleo sin prestaciones, y sostiene que "reactivará de oficio" todas las tarjetas anuladas para que nadie se quede sin servicio.

Además, en un ejercicio de cinismo difícilmente igualable, se ha asegurado que "Galicia es la única comunidad autónoma que garantiza de oficio la asistencia sanitaria a desempleados de larga duración y personas sin recursos", adelantándose cuatro meses a las medidas de aplicación de la nueva Ley de Salud Pública, algo que no sólo resulta inexacto sino que además se contradice con las denuncias que se han recibido durante las últimas semanas.

El Gobierno español achaca la situación a la mala gestión de la Xunta

Al mismo tiempo, no obstante, el Gobierno de Madrid ha afirmado que el problema se hubiera evitado si la Xunta hubiera firmado un convenio que le permitía acceder directamente a las bases de datos de la Seguridad Social, ya que de ese modo el cambio de tarjeta se habría podido realizar casi de inmediato, sin que el usuario perdiera prestaciones. Y es que los requisitos que se piden a los ciudadanos sin recursos constan ya en las bases de datos estatales.

Retirada de tarjetas en varias comunidades pero no en todas

Aunque quizás el caso gallego haya sido el más aparatoso, lo cierto es que el bloque de tarjetas se ha dado también en otras comunidades autónomas, entre las cuales Cantabria, las Canarias, Madrid y Murcia, donde, desde la Consejería de Sanidad, se ha afirmado que se trata del procedimiento lógico, ya que la tarjeta sanitaria está asociada al número de la Seguridad Social (SS) y, al acabar la prestación, este deja de estar activo. En otras comunidades, como Cataluña, no se ha producido nada semejante.

En todo caso, y aunque es cierto que la mayoría de comunidades autónomas han procedido a la retirada de tarjetas de una manera más ordenada que la que se ha visto en Galicia, con avisos personalizados por escrito a los usuarios y posibilidad de emitir una "tarjeta provisional" para los casos de mayor necesidad, como pacientes crónicos o pendientes de intervenciones urgentes, el hecho mismo de que ciudadanos de pleno derecho puedan perder - y valga la redundancia - uno de sus derechos más fundamentales, aunque sea temporalmente, no deja de ser preocupante.