Las cifras oficiales estiman que entre 300.000 y 500.000 mujeres ejercen la prostitución en España; la mayoría de ellas son inmigrantes. Se calcula que alrededor del cuarenta por ciento de los varones españoles ha contratado los servicios de una prostituta.

A pesar de tratarse de un tema que ha sido debatido en reiteradas ocasiones, en las Cortes Generales no se llega a un acuerdo; resultaría conveniente regularizar un negocio que genera dieciocho millones de euros al año y sigue siendo una tapadera para el blanqueo de capitales. Sin un respaldo legal adecuado el problema parece no solventarse.

La situación de la prostitución en la actualidad

La prostitución no ha permanecido al margen de los principales cambios sociales de los últimos quince años. A mediados de los años noventa, el perfil de mujeres que ejercían la prostitución fue variando. Con anterioridad, las prostitutas solían ser politoxicómanas que veían en este mundo la única manera de reunir el dinero suficiente para poder continuar con sus adicciones.

Muchos psicólogos afirman que estas mujeres provienen, en su gran mayoría, de familias desestructuradas y que buscan en sus clientes el afecto o el cariño que les faltó en a lo largo de su infancia.

Con la inmigración la situación de las prostitutas españolas cambió considerablemente. La prostitución es el único medio de vida para muchas de estas inmigrantes que no pueden acceder al mercado laboral; incluso dentro de este colectivo extranjero, existen notables diferencias.

Por ejemplo, las mujeres de Europa del Este están controladas en todo momento por las mafias dedicadas al tráfico sexual por lo que resulta prácticamente imposible cualquier tipo de acercamiento. Por otra parte, las prostitutas senegalesas afirman que si sus familiares supieran lo que realmente están haciendo en España serían condenadas, ipso facto, a muerte en su país de origen.

El marco legal de la prostitución en España

En nuestro país la prostitución no es un delito si se ejerce voluntariamente; no obstante, en nuestro Código Penal si que aparecen tipificados como delitos la explotación sexual (artículos 187 y 188 del Código Penal). El debate sobre la legalización de las prostitutas gira en torno a la necesidad de que se las considere trabajadoras para así poder beneficiarse de los derechos derivados de la Seguridad Social de los que ahora carecen.

La Ley de Extranjería, LO 8/2000 de 22 de diciembre, considera la prostitución un “no trabajo” y por ello las extranjeras que se dedican a ejercerla no pueden conseguir los correspondientes permisos de trabajo ni de estancia; permisos que podría llegar a obtener si el trabajo que desempeñan fuese considerado legal.

Por todo esto, muchos se muestran reacios a proceder a su legalización ya que un elevado número de extranjeras finalmente conseguirían regularizar su situación legal en España produciéndose los que muchos llaman “el efecto llamada”.

En el año 2007 las Cortes Generales rechazaron la legalización de la prostitución porque consideraron que era imposible separar su ejercicio de la explotación sexual. No obstante el Gobierno elaboró un plan para prevenirla: plan que contenía medidas muy amplias como campañas de sensibilización o la atención integral a las víctimas. Dicho dictamen fue aprobado por la Comisión Mixta de los Derechos de la Mujer por 36 votos a favor y 18 en contra. Pero a pesar de ello, a día de hoy las prostitutas siguen careciendo de cualquier tipo de derecho.

Modelos de regularización de la prostitución

Existen distintos modos de tratar la prostitución; modelos muy distintos entre sí y que dependen del país en el que nos encontremos.

  • Sistema reglamentarista: en el que el Estado asume el control. A las prostitutas se les conceden derechos y se les impone una serie de obligaciones. Ideológicamente estas mujeres cumplen con una función pública, proporcionan compañía aliviando la soledad del hombre. La labor del Estado es, básicamente, la de llevar a cabo la limpieza de los clubs del alterne porque las prostitutas son consideradas portadoras de un gran número de enfermedades. Es el modelo típico que se sigue en los países de Latinoamérica.
  • Sistema prohibicionista: se caracteriza por la represión penal. Las prostitutas son delincuentes y el bien jurídico protegido es la moral pública. Sostienen que los instintos sexuales de los maridos tan solo pueden ser satisfechos en el matrimonio. es el ejemplo de los países anglosajones.
  • Sistema abolicionista: consideran que las personas que ejercen la prostitución no son delincuentes sino más bien víctimas del tráfico humano. Es un sistema que se inspira en principios humanitarios y que nace con las corrientes feministas en Gran Bretaña a lo largo del S.XIX.
Si tuviéramos que subsumir al modelo español en cualquier de ellos, podríamos decir que España se integra en el sistema abolicionista ya que las prostitutas, que no las mafias dedicadas al tráfico sexual, no son consideras delincuentes sino más bien víctimas.

La labor del Gobierno para con este colectivo ha estado inspirada, casi siempre, por principios humanitarios ya que a pesar de que no se haya legalizado su situación se les ha intentado dar muchas ayudas que, como consecuencia de la presencia de las mafias de tráfico sexual, han resultado insuficientes.