El 28 de septiembre, se celebra en todo el mundo el Día de Acción Global por un Aborto Legal, Seguro y Gratuito, una fecha propuesta por organizaciones civiles para concientizar a los gobiernos de todo el mundo sobre la importancia de despenalizar el aborto, dadas las repercusiones que provoca en la salud pública y sobre todo, en la libertad de la mujer para decidir sobre su cuerpo y su vida.

Por estas fechas, pero del 2011, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) volvió a convertirse en el foco de atención de la opinión pública nacional, al entrar en debate respecto al proyecto de invalidación de las enmiendas constitucionales de los estados de Baja California y San Luis Potosí, que promovían la penalización del aborto.

Los proyectos de sentencia del Ministro de la SCJN, Fernando Franco, iban enfocados a exponer la inconstitucionalidad de las enmiendas propuestas en esos estados, pues a su parecer, atentaban contra la dignidad y los derechos fundamentales que tienen las mujeres en lo que se refiere a su salud reproductiva garantizados en la Constitución.

La penalización del aborto y el falso debate

Como era de esperarse, muchos actores sociales, políticos y religiosos, incluido el propio presidente Felipe Calderón, entraron en la polémica dando sus puntos de vista, a favor o en contra, dependiendo de sus creencias e intereses.

Por otra parte, lejos de la controversia legal y la interpretación de las leyes, en México se volvió a exponer nuestras carencias para hablar sobre el tema; radicalizamos posturas y no tomamos en cuenta algo fundamental: El gran problema de debatir sobre la despenalización del aborto está en que las instancias capaces de tomar decisiones en la población, como son los políticos y la iglesia, son completamente ajenas al problema, simples espectadores que se sienten con la estructura moral para juzgar, y que no toman en cuenta la opinión directa de las mujeres y los demás sectores sociales involucrados, lo que a la larga conduce a que todos los actores saquen la raja política que les conviene sin resolver absolutamente nada.

El marco legal y religioso en México impide que se haga un debate real y fructífero sobre el tema. Los políticos que gobiernan los estados donde el aborto es un delito, y que desechan las manifestaciones respecto a la libre decisión que tienen las mujeres sobre su cuerpo y su vida, no están cumpliendo con su labor constitucional de ser representantes de la sociedad o servidores públicos, ni respetan el estado de derecho; por otra parte, la iglesia no sólo condena la despenalización aborto, sino que se empeña en ser el eterno obstáculo hacia la búsqueda de una salud reproductiva, con sus políticas retrógradas de doble moral y enemigas del conocimiento, que condenan a los jóvenes por el uso de anticonceptivos y prohíben a los fieles que sus hijos tengan acceso a la educación sexual en las escuelas.

Penalización el aborto, instrumento de perseguir a la mujer en México

Lo que es un hecho es que la despenalización del aborto en nuestro país es necesaria porque se trata no sólo de un problema de salud pública que promueve la clandestinidad, sino también una injusta persecución y criminalización de las mujeres que se lo practican. El argumento absurdo de que “Ya estás embarazada, ahora paga las consecuencias” resulta una sentencia a priori no solo para la mujer sino también para el niño que viene en camino, pues muchos de ellos, al no ser deseados, carecen del acceso a cuestiones básicas como la estabilidad familiar, emocional, el sustento y una buena calidad de vida. A eso hay que aumentar la poca capacidad que tiene el gobierno para hacerse cargo de niños no deseados que pudieran entregarse en adopción a otras familias y la sobrepoblación que existe en los sectores más marginados de nuestro país, a los que por cierto, ni la iglesia, ni el Estado los voltean a ver.

Para poder hacer un debate trascendente sobre la despenalización del aborto, es necesario quitarse de los ojos el antifaz del extremismo absurdo. No hay que olvidar que el aborto es un procedimiento quirúrgico doloroso y difícil, que llega a tener secuelas importantes en el cuerpo y la mente de las mujeres, por lo que resulta incongruente el pensar que por ser legal, lleguen a tomarlo tan a la ligera y considerarlo como un método anticonceptivo más.

El penalizar el aborto es una nueva expresión de la penalización a la libertad de la mujeres en México, quienes históricamente han sido golpeadas en sus derechos fundamentales al no permitírseles, por cuestiones morales y sexistas, el derecho a decidir, pues para muchos sectores sociales, políticos y religiosos siguen siendo “fábricas de hijos” o seres de segunda categoría, que por su naturaleza no tienen derecho a pensar en su desarrollo personal y profesional. El estar o no de acuerdo con el aborto es muy independiente a la defensa del derecho que tiene la mujer a decidir, afrontando las consecuencias, sobre qué es lo que más le conviene o le beneficia.

El aborto, más que legal, es una cuestión moral

El estar a favor o en contra de esta práctica, que es una cuestión moral personal, es muy diferente a penalizar el aborto, que implica ya la persecución y condena del Estado. El diferenciar cada cosa y ponerlas en su lugar es el punto a debatir, tomando en cuenta las voces de todos los involucrados, y que el marco legal de nuestro país garantice el derecho que tienen las mujeres y los hombres a confrontar sus decisiones con su conciencia y sus creencias personales.

De eso está hecha la convivencia social armónica y la igualdad entre los individuos, de otra forma se puede entender como una expresión de un rancio fascismo contrario al pensamiento social moderno.