Por disposición constitucional el rey de España goza de inviolabilidad y es irresponsable de sus acciones, según reza el artículo 56.2 de la Constitución Española: “La persona del Rey es inviolable y no está sujeta a responsabilidad”.

Eso no significa que el rey pueda hacer lo que desea, sino justo lo contrario, que no puede oponerse a decisión alguna, de ahí tanto la inviolabilidad como la responsabilidad.

Las capacidades reales

El rey no puede negarse a firmar nada de lo que constitucionalmente tiene obligación de firmar, precisamente, porque tiene la obligación constitucional de hacerlo.

La sanción y firma real no significa en absoluto que el rey pueda entrar a enjuiciar o decidir lo que firma, es puro trámite, pero de obligado cumplimiento para él.

El rey sólo puede negarse a firmar algo de una sola manera: abdicando.

Por eso también el rey goza de irresponsabilidad (art. 56.3 de la CE) y, sin embargo, no lo hace así la autoridad que firma junto al rey -por ejemplo, el Presidente del Gobierno-. Esa autoridad es quién asume la responsabilidad de aquello que el rey firma en cumplimiento de sus funciones y sus obligaciones.

Dicho de otra manera: todo acto publico del rey debe llevar una contrasignatura de la autoridad competente, que es justo el acto que le da validez a esa firma real.

Otra cuestión es cómo lleve el monarca sus asuntos privados y el gobierno de la Casa del Rey -sobre la que sí tiene competencias ejecutivas-.

Aclaraciones sobre el artículo 56 de la Constitución Española

Para aclarar un poco más las cosas puede servir el siguiente fragmento de la sinopsis del artículo 56 CE realizada por Isabel María Abellán Matesanz (Letrada de las Cortes Generales):

"Como es bien sabido, la inexistencia de responsabilidad política del Jefe del Estado es una característica común de todos los regímenes políticos contemporáneos, ya sean Monarquías, ya Repúblicas. En el caso de los regímenes monárquicos, la falta de responsabilidad es absoluta, llegando a extenderse a los ámbitos civil y penal.

Siguiendo esta tradición, todas las Constituciones monárquicas tanto españolas como europeas (con alguna levísima excepción en la Constitución noruega) establecen, en unos u otros términos, la regla de la absoluta irresponsabilidad regia (,,,) .

En esta línea, la nuestra de 1978 dispone en su artículo 56.3 que "La persona del Rey es inviolable y no está sujeta a responsabilidad. Sus actos estarán siempre refrendados en la forma establecida en el artículo 64, careciendo de validez sin dicho refrendo, salvo lo dispuesto en el articulo 65.2".

La primera reflexión que nos suscita el precepto referido es el significado de la inviolabilidad del Rey y si es o no lo mismo -tal y como parece de la dicción constitucional- la inviolabilidad que la ausencia de responsabilidad.

La generalidad de la doctrina utiliza, en efecto, ambos términos como sinónimos, aunque, como ha subrayado P. Biglino Campos, la inviolabilidad tiene un significado más amplio que el de la irresponsabilidad, con el que se pretende subrayar la alta dignidad que corresponde al Monarca como Jefe del Estado (,,,).

En este sentido, ambos términos significan que no se puede perseguir criminalmente al Monarca y que, en cuanto se refiere a la responsabilidad civil, no se le puede demandar ante la jurisdicción ordinaria; no se da, en cambio, la imposibilidad de someter a juicio a la Familia Real."

Es igualmente pertinente y esclarecedor el siguiente fragmento del artículo "No existe impedimento constitucional para que España ratifique el Estatuto del Tribunal Penal Internacional" del profesor de Derecho Constitucional José Fernando Merino Merchán:

"Cuando el artículo 56.3 establece que la persona del Rey es inviolable se quiere significar que se está otorgando al Jefe del Estado una especial protección civil y penal en cuya virtud se impediría someter a juicio su persona en el ámbito de la jurisdicción española; debiendo quedar claro que los límites de esa inviolabilidad sólo afectarían a la persona del Rey, pero no a su patrimonio y asimismo, tampoco quedarían cubiertos por la inviolabilidad los miembros de la Familia Real; al tiempo que debe señalarse que el Rey es inviolable -con la matización que más adelante haremos-"

Los límites de la inviolabilidad real

La matización mencionada es la que sigue:

"El artículo 15 CE vincula a todos los poderes públicos y ciudadanos, incluido el Jefe del Estado, ya que para este supuesto no existe excepción subjetiva alguna recogida constitucionalmente, y por tratarse de un derecho fundamental debe interpretarse de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificadas por España (artículo 10.2 CE)"

"O dicho de otra forma, no existe una inmunidad regia absoluta que se derive del artículo 56.3 CE sino que este declina por vía del artículo 15 CE ante los tipos penales específicos del artículo 27 del Estatuto del Tribunal Penal Internacional, en la medida que a través de los mismos se protege la vida humana, su integridad física y mental y la dignidad personal".

A la que puede añadirse otra matización y es que el artículo 14 de la CE proclama la igualdad ante la ley de todos los españoles:

"Los españoles son iguales ante la Ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social." (art, 14 CE).

Lo cual deja claro que la inviolabilidad e irresponsabilidad de la persona del rey no es ilimitada, y existe no en función de la persona sino de las funciones que ostenta en como Jefe del Estado y que, en cualquier caso, la responsabilidad derivada del ejercicio de esas funciones no queda en suspenso sino que recae en la autoridad que tiene la obligación de refrendar los actos del rey.