En 1990, se publicó el primer Catálogo Español de Especies Amenazadas. En los veinte años que ha estado vigente, de los más de 2.000 planes de actuación que debería haber generado, sólo 131 fueron aprobados. Este catálogo distribuía las especies en cuatro categorías, según estuviesen en peligro de extinción, fuesen sensibles a la alteración de su hábitat, vulnerables o de interés especial.

El 28 de noviembre de 2011, según una noticia de la agencia EFE, se hacían públicos los resultados de un estudio llevado a cabo por un grupo de especialistas en biología y conservación. Estos resultados no son precisamente alentadores, ya que indican que, según la ley, 2.273 planes de actuación para la conservación del medio ambiente tendrían que estar operativos. De esta cifra, 131 representa un exiguo 5%, lo que en opinión de los expertos, representa una preocupante "inactividad".

Especies en peligro de extinción

Entre las más conocidas de las especies que actualmente se encuentran en peligro de extinción, se encuentran el lince ibérico, el quebrantahuesos, la cigüeña negra, el lobo y el oso pardo. El lince y el oso fueron incluidos por la WWF en un informe de 2010 donde figuraban diez especies "a las que prestar una atención especial dada su enorme vulnerabilidad y el enorme riesgo de extinguirse que corren".

La extinción de una especie animal, además de ser un fenómeno irreversible, supone un golpe para el equilibrio del ecosistema y también para la cadena alimentaria, lo que, de una forma u otra, acabará por afectar a la propia especie humana. El hecho de que seamos los humanos los principales causantes de la extinción de las especies nos debería llevar a reflexionar sobre la irresponsabilidad de ciertos actos, como puedan ser la tala masiva, la caza indiscriminada o el vertido de basuras.

Con legislar no basta

Pese a que España cuenta con una legislación bastante avanzada en lo que a la protección de especies se refiere, el desalentador dato que se indica al inicio de este artículo constata que no basta sólo con legislar. En el caso concreto de las especies en peligro de extinción, que no son sólo mamíferos y aves, ya que también hay invertebrados, reptiles y vegetales, la aplicación de la ley debería ser mucho más efectiva.

Para ello, está claro que la acción administrativa debe verse reforzada con planes concretos que indiquen quién es el organismo responsable de velar por las distintas especies en cada comunidad autónoma, y que se le exija el cumplimiento celoso de esa obligación, así como la puesta en marcha de medidas reales, tanto preventivas como punitivas, respaldadas por presupuestos realistas. Los distintos centros de observación e investigación, en materia de conservación de especies, también tendrían que verse reforzados no sólo sobre el papel, sino con acciones concretas.

Nuevas oportunidades

En momentos como los que se viven en la actualidad, con la destrucción del empleo y la recesión económica flotando sobre nuestras cabezas, es fácil olvidarse de asuntos que pueden parecer tan superfluos como los que se tratan en este artículo. Sin embargo, es justamente en un momento así cuando hay que replantearse la relación con nuestro hábitat, ya que la explotación masiva a la que lo hemos sometido es la que nos ha traído hasta aquí.

Con la aparición del nuevo catálogo de especies amenazadas, se pone sobre la mesa la posibilidad de llevar a cabo una labor diferente por parte de las administraciones. Mucho más efectiva y que redunde en beneficio de todos, ya que la biodiversidad es patrimonio de todos los que vivimos en el mundo.