En febrero de 2010, se presentó en el parlamento de Cataluña una propuesta de ley por la que el aranés pasaría a ser cooficial en todo el territorio catalán, convirtiéndose por tanto en lengua vehicular de las administraciones. La medida, destinada a proteger el patrimonio cultural de la Val d'Aran, establecía además que el occitano sería la lengua preferente en las instituciones aranesas, para garantizar que los ciudadanos de esta comarca fueran atendidos en su propia lengua.

La Val d'Aran: una síntesis histórica

Los territorios que hoy en día pertenecen a esta comarca catalana son los únicos de esta comunidad autónoma situados en la vertiente norte de los Pirineos. Esa situación le confiere a este valle pirenaico unas características diferenciadas en cuanto a clima, vegetación, fauna y paisaje se refiere y, durante siglos, ha mantenido la zona aislada del resto de Cataluña y más en contacto con Francia, lo que explica que, a pesar de haber pertenecido durante varios siglos al Condado de Barcelona y posteriormente a la Corona de Aragón, la zona nunca se haya integrado completamente.

De hecho, ya en el siglo XIII, después de que el valle tuviera que ser recuperado de manos francesas por el rey Jaime I, se dejó constancia de la voluntad de éste de respetar las tradiciones y usos legales de Aran, algo que se puso por escrito al otorgarse, en el año 1313, la "Querimonia", una carta jurídica fundamental en la vida aranesa que ha permitido a esa región disfrutar de un gobierno propio y casi autónomo, denominado Conselh Generau, el mismo que permanece activo hoy en día y que sólo desapareció entre 1810 y 1979.

El aranés

La lengua hablada en la Val d'Aran es el aranés, una variante del dialecto occitano llamado gascón, con ciertas particularidades. Su gramática es la del occitano, con la normativa gestionada por el Consejo de Lengua Occitana.

La implantación del aranés es muy amplia. Un 88% de la población del valle lo hablan, aunque sólo un 26% sabe escribirlo porque no fue enseñada en las escuelas hasta 1984, y al menos un 40% de la población la usa de manera habitual en casa y/o en el trabajo. No obstante, la apertura del túnel de Vielha en 1948 y la llegada masiva de inmigración y, sobretodo, de turistas, han hecho que el aranés retroceda ante castellano y catalán. De ahí que se haya visto la necesidad de protegerlo.

La ley catalana y la constitucionalidad de la cooficialidad

La defensa del aranés está establecida como norma en la legislación catalana desde 2006, ya que el Estatuto de Autonomía catalán aprobado en esa fecha establece que "la lengua occitana, denominada aranés en el Arán, es la lengua propia oficial y preferente de este territorio y que el occitano es oficial en Cataluña" y se afirma, en el artículo 50 del mismo estatuto, que fue mantenido intacto a pesar de haber sido objeto ya de un recurso de inconstitucionalidad, que el aranés tiene que recibir la misma protección que el catalán.

No obstante, la ley de desarrollo del estatuto que se aprobó en 2010 y que en este 2011 empieza a aplicarse, se enfrenta ahora a la oposición del gobierno español, que ha presentado un nuevo recurso ante el Tribunal Constitucional (TC) ya que, según informaba la agencia de noticias Europa Press el pasado 22 de julio, " el Gobierno considera que una Ley de una comunidad autónoma no puede entrar a regular el uso de las lenguas cooficiales en la Administración General del Estado en la instrucción de sus procedimientos administrativos".

La reacción catalana y aranesa

El anuncio del gobierno ha sorprendido por ser inesperado y también por tratarse de la primera medida española contraria a la utilización del occitano en las administraciones públicas después de varias décadas de democracia en las que este uso se ha dado habitualmente de manera no oficial, y las reacciones no se han hecho esperar. Todos los partidos catalanes excepto el Partido Popular de Cataluña han mostrado su rechazo a las intenciones del Gobierno y desde amplios sectores se apunta a una nueva oleada de centralismo lingüístico como causa del recurso al TC.

Así pues, mientras desde la Generalitat se reclama al Gobierno que sea coherente y se le recuerda que España es uno de los países firmantes de la Carta Europea de las Lenguas Regionales y Minoritarias, el Conselh Generau ya ha anunciado que se personará contra el recurso de incostitucionalidad, que considera un ataque directo a la lengua y la cultura aranesa.