El Gobierno que preside José Luís Rodríguez Zapatero aprobará hoy en el Consejo de Ministros la recuperación del Impuesto de Patrimonio, tal y como anunció la Vicepresidenta Económica del Gobierno, Elena Salgado, en la Comisión Delegada de Asuntos Económicos. Este nuevo tributo entrará en vigor pese a a que, desde hace meses, la máxima responsable en asuntos económicos viniera asegurando que la subida de impuestos no entraba dentro de la agenda del Ejecutivo. La medida afectará a los contribuyentes que tengan un patrimonio superior a 700000 euros y tendrá un carácter temporal para los ejercicios 2011 y 2012.

¿Qué es el Impuesto de Patrimonio?

Es un tributo creado en 1977, aunque sostenido en la Ley que lo modificó en 1991, que grava el patrimonio neto de las personas físicas. Se justifica en el principio económico de equidad, por el que quien más tiene debe contribuir con más dinero en el desarrollo de la sociedad.

En realidad, esta figura impositiva no fue derogada en 2008, ya que el Gobierno se limitó a bonificar toda la base imponible. Esto quiere decir que, técnicamente, el tributo permanecía vigente (sobre todo como mecanismo de control de los bienes de los contribuyentes) y lo único que hace el Gobierno ahora es restablecerlo.

Para la liquidación del impuesto, se calcula el valor de todos los bienes y derechos del contribuyente (viviendas, vehículos, joyas, objetos de arte y antigüedades, rentas de todo tipo, ahorros, propiedad industrial e intelectual), deducidas las deudas y cargas. De la base imponible calculada se resta el mínimo exento (300000 euros para la vivienda habitual, por ejemplo) y se obtiene la base liquidable. La cuota íntegra se calcula aplicando el tipo de gravamen a la base liquidable. Por último, la cuota líquida a pagar es el resultado de restar las bonificaciones y/o deducciones autonómicas o estatales a la cuota íntegra.

Ni Elena Salgado ni ningún otro miembro del Gobierno ha ofrecido cifra alguna sobre el tipo aplicable, aunque se habla de cifras que oscilan entre el 1% y el 2%.

La recaudación del Impuesto de Patrimonio está cedida a las Comunidades Autónomas, que tienen la potestad de cobrarlo, modificarlo o bonificarlo.

Un impuesto para las clases medias

Se verán afectados los contribuyentes que tengan un patrimonio superior a 700000 euros, aunque la vivienda habitual estará exenta en 300000 euros. Se cree que se verán afectadas entre 150000 y 200000 personas. Dado que el objetivo del Gobierno es recaudar aproximadamente 1080 millones, se estima que cada contribuyente habrá de pagar unos 7000 euros.

El Impuesto de Patrimonio, pese a lo que sostiene el Ejecutivo, no afectará a las grandes fortunas, pues estos contribuyentes se acogen a un régimen tributario diferente (SICAV) creado por el Gobierno socialista de Felipe González y pueden eludir el pago de este impuesto adscribiendo muchas de sus propiedades a alguna sociedad, con lo que pueden eludir parcialmente el Fisco.

Los más afectados serán los profesionales con poder adquisitivo elevado, que han progresado en su trabajo o con sus empresas pequeñas o medianas, es decir, la clase media alta.

Aunque 700000 euros puede parecer mucho dinero, cualquier persona que haya ahorrado en su vida laboral y tenga dos viviendas estará en el límite de pago, sobre todo porque muchas ciudades están actualizando el catastro al alza de manera significativa.

Un impuesto anacrónico inexistente en casi toda la Unión Europea

A excepción de Francia y España, el Impuesto de Patrimonio está abolido en toda Europa. Según fuentes de la Asociación Madrileña de la Empresa Familiar (AMEF), actualizadas a fecha de ayer; Bélgica, Grecia, Reino Unido, Irlanda, Italia y Portugal nunca lo han tenido, mientras que ha sido derogado en los restantes países: Austria (1994), Dinamarca (1995), Alemania (1997), Holanda (2000), Finlandia (2006) y Suecia (2007). Pese a la crisis económica actual, ninguno de ellos se plantea reinstaurar el Impuesto de Patrimonio.

Sólo Francia, debido a la coyuntura económica actual, ha decidido conservarlo, pero a un nivel muy inferior al que quiere implantar el Ejecutivo del PSOE: 0,25% a los patrimonios superiores a 1,5 millones y 0,50% a los que tienen más de a 3 millones de euros.

El Impuesto del Patrimonio castiga el ahorro e incentiva la fuga de capitales

No es una casualidad que todos los países europeos lo hayan derogado. La mayoría de expertos coinciden que es un tributo que castiga a los ahorradores e impone cargas sobre rentas que ya han sido gravadas con otros tributos: el IRPF, vinculado a los ingresos de las personas físicas, y el IVA, que se aplica a la adquisición de servicios y bienes y que también va a gravar el Impuesto de Patrimonio.

Además, es un impuesto que recauda poco, algo más de 1000 millones, un 1,6% del déficit previsto para este año (60000 millones de euros) y, por el contrario, desincentiva el ahorro y la inversión, con la consiguiente salida de capital y empobrecimiento del país, con un nocivo efecto sobre el empleo, ya muy castigado.