El agotamiento del Estado del Bienestar es una cuestión de recursos, pero sobre todo de ideología.Se trata de un proceso de pérdida de derechos y garantías sociolaborales de los ciudadanos en general y un deterioro del peso específico de lo Público como factor corrector de las ineficiencias de los Mercados. Dicha situación ya se venía produciendo de forma gradual y leve desde los años setenta y ochenta del siglo pasado. Son procesos que tienen su origen entre otras causas, en la crisis del sistema de producción en masa propio de las economías de escala cercanas al modelo taylorista que aún estaba en pleno auge en aquellos años.

Este retroceso en las conquistas sociolaborales, estaba incardinado dentro de la propia regresión del Estado de Bienestar en el Primer Mundo. Se trata de circunstancias comunes a todos los países de la OCDE, las características, los tiempos y la intensidad del proceso varían en función del grado de desarrollo de cada país y de su idiosincracia.

Los Pactos de la Moncloa y el Estatuto de los Trabajadores

En el caso español, a partir de la apertura política que supuso la transición democrática y los Pactos de la Moncloa, se comienza a gestar todo el entramado de negociación y participación para generar una sociedad civil moderna y activa que interactúe complementando el desarrollo del país en todas las facetas posibles. Uno de los vectores a desarrollar era lograr la estructura necesaria para articular la negociación colectiva y las relaciones entre los agentes sociales, condición  cuasi necesaria para un país democrático y con aspiraciones de integración europea. En esta misma línea, la promulgación del Estatuto de los Trabajadores en 1980, fue el hecho central de esta nueva situación en materia laboral.

A un tiempo, el Estado de Bienestar se comienza a construir a escala “española” pero tomando como modelo lo ya hecho en países de referencia como Alemania o Francia. Se trata de poner en marcha una economía social de mercado, con un aire netamente keynesiano que dote de servicios y protección social a la población en su conjunto.

El Estado de bienestar en el resto de Europa y en España

Desgraciadamente, el desarrollo e instauración en España del Estado de Bienestar tal y como se disfrutaba en Europa desde la década de los 50, inicia su declive prácticamente desde el primer impulso; nace pues condenado a un desarrollo muy limitado respecto a su referente continental.

Las consecuencias de las crisis económicas de los años 70 e inicio de los 80, lastraron las posibilidades económicas de desarrollar plenamente ese Estado de Bienestar. Era indudable que se necesitaban ingentes cantidades de recursos y una voluntad política férrea para su plena implantación en un país en el que todo estaba por hacer en cuestiones asistenciales y de justicia social.

Europa llevaba 30 años desarrollando un conjunto de medidas de corte socialdemócrata para hacer del capitalismo un sistema más social y atractivo que su oponente, el modelo del “socialismo real” propugnado por los países del Este de Europa. En este juego de competencia ideológica, fueron los ciudadanos del Oeste los que salieron mejor parados, consiguiendo un sistema de protección social y una legislación laboral muy notable.

España no estaba “invitada a esta fiesta” y cuando pudo llegar, (a finales de los 70) era tarde, Europa estaba en plena “resaca” y sufriendo el advenimiento de la ideología neoliberal, ideología que a pesar de haber sufrido una fuerte crítica en los últimos tiempos, aún perdura y está acabando con lo poco que queda del inicial Estado del Bienestar en el Viejo Continente.

El Pacto de Toledo a debate.

Desde la promulgación del antes mencionado Estatuto de los Trabajadores (reformado en estos años hasta casi inutilizarlo) y las leyes en materia de seguridad y protección social de la década de los 80, todo ha sido un continuo retroceso tanto en el campo laboral como en el social, especialmente en su vertiente asistencial y de prestaciones a los más desfavorecidos, pero también en derechos de la población activa trabajadora.

El Estado se ha vuelto impermeable a las críticas de la ciudadanía y tan solo tiene oídos para la voz que brama desde el Banco Central Europeo o la Reserva Federal pidiendo más ajustes y sacrificios. El ciudadano de a pie, ya sea como usuario de servicios sociales o asalariado, solo recibe restricciones y pérdidas de derechos. Así lo acreditan los últimos acontecimientos en el Congreso de los Diputados  respecto al principio del fin del Pacto de Toledo y el reajuste de uno de los pilares básicos del Estado del Bienestar: el sistema de pensiones y  jubilación.