Cuando un derecho no se encuentra establecido como tal por parte del orden jurisdiccional de un Estado, ya sea porque no se encuentra previsto en un cuerpo legal o normativo o no es derecho positivo, el acceso a la justicia en el caso de su violación resulta casi imposible. Esto es lo que sucede en el Estado de Guanajuato en México.

Qué es el derecho de acceso a la justicia

El derecho de acceso a la justicia es entendido como la forma principal en que se traduce la obligación del Estado de proveer los canales y estructuras para que todas las personas diriman sus conflictos o esclarezcan sus pretensiones y el servicio público fundamental para el logro de la convivencia social pacífica y equilibrada.

El derecho de acceso a la justicia comprende el marco legal, la administración de justicia y el servicio de justicia.

El marco legal para que la mujer acceda a la justicia en el Estado de Guanajuato

Para visualizar el panorama del marco legal del Estado de Guanajuato en cuanto a este derecho de acceso a la justicia es importante mencionar que dicho Estado no cuenta con una Ley General de Acceso a las mujeres a una vida libre de violencia, ya que categóricamente revocó dicha ley, por lo que no existe un marco legal al respecto.

El Estado de Guanajuato aprobó en el 2009 la Ley para prevenir, atender y erradicar la violencia, derogando la anterior Ley de asistencia a la violencia intrafamiliar. Este hecho identifica a Guanajuato como el único Estado de la República que no se interesó en implementar una Ley especializada para erradicar la violencia y discriminación de género en contra de las mujeres.

Sin marcos legales justos, sin acceso a la justicia

Además, otro retrato respecto a lo que el Gobierno del Estado de Guanajuato promueve en contra del derecho de acceso a la justicia de la mujer es el decreto de la desaparición de los Centros de Atención a Víctimas bajo el precepto de que las mujeres deben aprender a convivir y evitar el divorcio.

Esto demuestra además que en el limitado marco legal del que se compone el acceso al sistema de justicia de la mujer en Guanajuato se encuentra permeado por la falta de sensibilización al género.

La tarea de los responsables de administrar la justicia

La composición del sistema de justicia no es sólo el conjunto de leyes, normas y regulaciones las que presentan estas lagunas de orden de género, sino también los diversos procesos y procedimientos a través de resoluciones que debieran ser viables y dimensionadas a las disputas legales.

Al existir lagunas en legislaciones vigentes, estas deben ser subsanadas por la interpretación jurisdiccional que empleen los administradores de justicia, identificando las formas en que se manifiesta la discriminación de género.

Sin sensibilización de género, sin derechos sexuales y reproductivos y sin justicia

Algo muy difícil de lograr si no existen las medidas y acciones implementadas para la capacitación y sensibilización en materia de derechos humanos de las mujeres, a los servidores públicos que son parte de la administración de justicia en la parte procesal y resolutiva.

Esta falta de visibilidad e importancia a la sensibilización de género entre otros factores se debe y tiene que ver con el papel tan importante que juegan los roles establecidos por el sistema patriarcal que rige al Estado conservador de Guanajuato, compuesto de estructuras sociales configuradas bajo una relación de poder dispar, que hace que la violencia contra la mujer se encuentre socialmente legitimada.

El hecho de que dicho Estado sea gobernado por un partido de derecha y por ende, conservador, refuerza las estructuras de esa ideología de género, adoptando y ampliando estrategias que permitan ejercer el papel dominante al varón o padre de familia para mantener el orden de ese núcleo, y así perpetuar y circunscribir a las mujeres a sus funciones reproductivas y de cuidado.