Los Decretos-leyes y los Decretos legislativos son normas que, pese a no tener un origen parlamentario sino que emanan del Gobierno, se equiparan a la Ley en sus efectos y jerarquía.

La justificación de esta intervención del Poder Ejecutivo en materia legislativa responde fundamentalmente a la necesidad de delegación respecto a determinadas materias de las propias Cámaras Parlamentarias por acumulación de asuntos, o la existencia de circunstancias que exigen una rápida intervención normativa.

Decretos-leyes

En primer lugar, los Decretos-leyes son normas con fuerza de Ley emanadas del Poder Ejecutivo (Gobierno) en virtud de sus propias facultades. La fundamentación del ejercicio de esta potestad excepcional está precisamente en la necesidad de afrontar circunstancias excepcionales que hacen precisa una promulgación normativa inmediata, mediante un proceso más acelerado de lo que supondría una regulación por medio del legislador ordinario.

Como consecuencia de ello, la justificación de esta potestad normativa otorgada al Gobierno se centra en el concepto de estado de necesidad, pues serán estas circunstancias especiales y anormales las que legitimen la intervención del Gobierno.

Control posterior del Poder Legislativo

La Constitución establece que los Decretos-leyes deberán ser sometidos inmediatamente a debate y votación de la totalidad del Congreso, convocado al efecto si no estuviese reunido, en el plazo de los treinta días siguientes a su promulgación.

Efectos tras la ratificación parlamentaria

Una vez publicados, tienen la misma fuerza que la Ley. La consecuencia más importante de este efecto es que podrán de este modo modificar y derogar Leyes y otro Decretos-leyes ya que se incorporan con el mismo rango que la Ley al ordenamiento, y su fuerza y expansión es la misma.

Decretos legislativos

En cuando a los Decretos Legislativos, el artículo 82.1 CE dice que “las Cortes Generales podrán delegar en el Gobierno la potestad de dictar normas con rango de Ley sobre materias determinadas” (que no deban ser objeto de regulación por leyes Orgánicas).

En cuanto a los Decretos legislativos, dice el artículo 82.1 de la Constitución Española que "las Cortes Generales podrán delegar en el Gobierno la potestad de dictar normas con rango de Ley sobre materias determinadas". En definitiva, los Decretos legislativos serán aquellas normas con rango de ley que emanan del Poder Ejecutivo en virtud de una delegación expresa realizada por las Cortes a su favor.

Es importante destacar que pese a que la constitución faculta dicha delegación, en ningún caso podrán ser objeto de la misma las materias cuya regulación se reserva únicamente a Leyes Orgánicas.

Diferencia fundamental entre Decreto-ley y Decreto legislativo

A diferencia de los Decretos-leyes, al hablar de Decretos legislativos no existen poderes previos reconocidos al Gobierno, sino que para que éste pueda innovar el ordenamiento con una norma con rango de ley es necesario que previamente las Cortes autoricen, en cada caso, a dictar Decretos legislativos concretos.

Tal delegación se agota con su ejercicio y, en todo caso, habrá de otorgarse al Gobierno sin posibilidad alguna de subdelegación posterior. Además, dicha delegación habrá de ser expresa, señalando la materia o materias concretas sobre las que se ceden competencias legislativas en el caso concreto, así como el plazo otorgado al Gobierno para su ejecución.

En definitiva, mientras en el supuesto de los Decretos-leyes la producción normativa con rango de Ley responde a la propia facultad que caracteriza al Gobierno, para la producción de normas ante circunstancias excepcionales, sin necesidad de una previa adjudicación de las Cortes, la producción de Decretos legislativos se verá en todo caso supeditada a la delegación previa de materias para su ejercicio.