Aunque el concepto desahucio pueda tener otras definiciones, en España, cuando hablamos de desahuciar, hacemos referencia al desalojo de personas por orden judicial, bien se trate de arrendatarios de un local comercial o, más habitualmente, de una vivienda en la que los inquilinos, por falta de pago u otros incumplimientos del contrato, son finalmente desahuciados.

Lo mismo sucede en el caso de las hipotecas a las que no se puede hacer frente; situación donde por lo general están involucrados los bancos que, en su momento, concedieron hipotecas con un criterioque ahora se cuestiona y sin prever el estallido de la burbuja inmobiliaria y sus consecuencias o, aún sabiéndolo, actuando con la negligencia donde primaban los beneficios rápidos antes que las buenas prácticas.

La cuestión es que actualmente nos enfrentamos a un incremento alarmante de los desahucios motivado por la crisis que, particularmente en España, va asociada a un imparable aumento del paro. Y con ello, la movilización ciudadana para detener una sangría que no parece tener solución a corto plazo.

Desahucio Express

El desahucio express entró en escena en noviembre del año 2009, con posteriores reformas y con el objeto de adecuarse a la nueva realidad española, caracterizada por la crisis inmobiliaria y una morosidad en aumento. Con este nuevo modelo se ha pretendido dotar al propietario de mecanismos más rápidos y efectivos en caso de impagos reiterados por parte del inquilino.

Entre las ventajas que se le otorgan al propietario está el tiempo de espera, que baja de dos meses a uno tras el requerimiento de pago que se le hace al inquilino mediante un burofax. Una vez tramitada la demanda, propietario e inquilino pueden pactar el desalojo voluntario incluyendo la condonación de la deuda o parte de la misma. Una vez efectuada la notificación de la demanda el inquilino deberá abandonar la vivienda en un plazo no superior a los 15 días.

Otra de las novedades es la admisión, tanto por lo que respecta al desahucio como a la reclamación de deudas, a través de juicio verbal, lo que pretende simplificar el procedimiento y hacer posible que se dicte la sentencia en 5 días.

Con anterioridad, y no habiéndose cumplido los 5 años de alquiler, el propietario solo podía reclamar el piso para uso propio, mientras que la nueva ley contempla la petición para padres, hijos o ex cónyuge en caso de divorcio, siempre y cuando se haya avisado al inquilino con 2 meses de antelación y haya transcurrido el primer año del contrato. Estos 5 años de contrato, con las nuevas reformas, se prorrogarán a 3 más, siempre y cuando haya acuerdo entre ambas partes y, posteriormente, cada año. También se agilizan los trámites jurídicos, como puede ser la imposibilidad de entregar la notificación al inquilino, en cuyo caso se anunciará la citación en el juzgado sin más trámites. Por otra parte, desaparece la demanda ejecutiva, siendo suficiente la sentencia para proceder al desalojo en el día y la hora pactada.

Modelo judicial para evitar el desahucio

El Consejo General de la Abogacía Española pone a disposición de los ciudadanos un escrito para solicitar al órgano judicial competente la paralización del desahucio. Las alegaciones se basan en la situación de emergencia social que se ha desatado tras los más de 400.000 desahucios que llevamos desde 2007. Cabe señalar que el Código Civil recoge expresamente que las normas jurídicas deberán ser aplicadas en consonancia con “la realidad social del tiempo en que han de ser aplicadas”. Y es indudable que la realidad de muchos ciudadanos españoles ha cambiado drásticamente a peor. Otra de las alegaciones hace referencia a la “violación sistemática del derecho fundamental a una vivienda adecuada”, un derecho del que, cada vez más, se ven privados muchos ciudadanos españoles.

Dicho documento se podrá presentar a los Juzgados de Primera Instancia así como ante los de Ejecución Hipotecaria; pudiéndolo levar a cabo el propio afectado o bien su defensa, a través de un procurador.

La Abogacía Española puso en marcha a principios de 2012 la primera Oficina de Intermediación Hipotecaria en Terrassa, a la que posteriormente se unieron otros muchos municipios. En la actualidad, las Oficinas de Intermediación Hipotecaria ofrecen sus servicios de modo gratuito a 523 municipios.

La nueva ley contra los desahucios

Es incuestionable que la alarma social que han provocado los cada vez más numerosos desahucios, así como el desamparo al que se veían abocados muchos ciudadanos españoles, no podía continuar sin que nadie tomara cartas en el asunto. Y en este caso, quien debía hacerlo era el Gobierno de Mariano Rajoy, en este caso con la aprobación de una nueva norma el pasado mes de noviembre. Las medidas que, para unos, eran urgentes y necesarias, para otros son consideradas como insuficientes, cuando no una mera cortina de humo para acallar el ruido de una realidad tan sangrante como los desahuicios.

Las críticas se centran en el criterio de aplicación, en el cual se excluyen muchas familias con una precariedad manifiesta. En este sentido, el portavoz de de Stop Desahucios, Adriá Alemany, se mostraba particularmente crítico, apuntando que “se da la paradoja de que una familia que está percibiendo el subsidio de desempleo o 420 euros y que tiene dos hijos de cuatro y cinco años, no entraría dentro de las categorías establecidas”. O una madre soltera con un hijo de más de 3 años, por poner otro ejemplo, también quedaría excluida de la moratoria.

Los jueces, por su parte, también se han posicionado. Joaquim Bosch, de Jueces para la Democracia, lo sintetiza de este modo “Las expectativas se han revelado como una publicidad engañosa”, en la que también incluyen apelativos para el Real Decreto, tales como arbitrario o fiasco. Hay que tener en cuenta que la suspensión del desalojo no significa que desaparezcan los intereses de demora, por lo que el afectado puede llegar a estar peor de lo que estaba en un primer momento. También es más que cuestionable que queden excluidos aquellos casos en que la casa quede en posesión de un tercero que no sea el banco.