El Estado de Guanajuato se ha caracterizado en los últimos años por haber violado en diversas ocasiones los derechos de acceso a la justicia en relación con la obstaculización de los derechos sexuales y reproductivos de la mujer. La configuración del delito de homicidio en razón de parentesco fue una clara medida para evitar los abortos legales, permitidos por la ley cuando se trata de una violación.

La criminalización, persecución y obstaculización del derecho del aborto

Según un reporte de la Organización Centro Las Libres desde el año 2000 a la fecha hay 160 mujeres enfrentando un proceso judicial desde el 2000 a la fecha por haberse practicado un aborto clandestino.

Pero además, antes de que el Estado de Guanajuato decidiera crear la nueva figura delictiva de homicidio en razón de parentesco, muchas obstaculizaciones se dieron por parte de las autoridades de su Gobierno para impedir aquellos casos en los que el aborto está permitido por la ley.

La respuesta de la sociedad civil por la obstaculización de los derechos reproductivos

A medida que estas obstrucciones se incrementaron también surgieron respuestas por parte de distintas organizaciones a favor de los derechos humanos de las mujeres, grupos a favor del derecho a decidir y esto causaba complicaciones y denuncias en contra de las autoridades de Guanajuato.

Se iniciaron investigaciones por parte de estos grupos y de Human Rights Watch, se iniciaron búsquedas de testimonios, lo que complicaba las cosas para las autoridades guanajuatenses al verse envueltas en este tipo de denuncias e investigaciones que los ponían bajo la mira de los Organismos Internacionales.

Modificaciones en la ley para perseguir el aborto legal

Es entonces que se creó la configuración del delito de homicidio en razón de parentesco o relación familiar que es cometido por quien prive de la vida a su ascendiente o descendiente, consanguíneo en línea recta, hermano, cónyuge, concubinario o concubina, adoptante o adoptado, con conocimiento de esa relación, y tendrá una sanción de pena privativa de la liberta de veinticinco a treinta y cinco años.

A esta modificación al Código Penal también se agregó una modificación a la Constitución Política del Estado. El 30 de mayo del año en curso inició la vigencia de la reforma al artículo 1º de la Constitución Política para el Estado de Guanajuato. Dicha reforma consiste en la adición de un segundo párrafo al precepto de referencia.

El texto adicionado a la letra dice: “Para los efectos de esta Constitución y de las leyes que de ella emanen, persona es todo ser humano desde su concepción hasta su muerte natural. El Estado le garantizará el pleno goce y ejercicio de todos sus derechos”.

Se logró la obstaculización de los derechos reproductivos

Aparentemente ambas modificaciones se hacían de manera independiente, pero comenzaron a darse los primeros casos en los que se comenzó a criminalizar a las mujeres que hubieran sido sujetas a un aborto voluntario o involuntario, como producto de una violación o no.

No importaron ya las excepciones en la configuración del tipo delictivo, pues la relación entre madre y producto era evidente y entendido el producto como ser humano desde el momento en que fue concebido, la aplicación de la norma era clara.

Es así que comenzó una cacería inquisitiva en contra de toda mujer que sufriera incluso de un aborto espontaneo como fueron los casos más recientes de distintas mujeres que no solo presentaban las condiciones de vulnerabilidad de género.

Mujeres criminalizadas por abortos involuntarios

En el año 2010 nueve mujeres se encontraban en prisión sentenciadas por homicidio en razón de parentesco. Las penas llegaban hasta los 30 años de privación de su libertad. Algunas ya llevaban hasta tres años o más desde que se inició el procedimiento de denuncia en su contra. Además, los procedimientos de justicia no fueron apegados a la legalidad de la norma procedimental, según sus testimonios.

Los principios de igualdad, de no discriminación de género y el derecho de acceso a la justicia como mecanismo de defensa y protección de los derechos sexuales y reproductivos han sido totalmente nulos para estas mujeres.

La configuración del delito homicidio en razón de parentesco

Estas desigualdades provienen de los estereotipos de género que hacen que las conductas de extrema violencia sean vistas como más aberrantes en la mujer, lo que provoca que el repudio social sea mayor y las sanciones que recibe más severas.

Las nueve mujeres que fueron juzgadas por el delito en razón de parentesco alcanzaron penas similares a las que le son impuestas a asesinos o delincuentes del crimen organizado. Estos hechos además de diversos estudios dejan al descubierto que son las mujeres las más afectadas con la proporcionalidad y administración de justicia.

Más que encontrar en este sistema de justicia un recurso para alcanzar y proteger otro derecho, como es el derecho a la salud reproductiva consagrado en la Ley suprema mexicana, y reconocer la labor del Poder Judicial como indispensable para garantizar a las mujeres el derecho a un debido proceso, ya sea como víctima u ofendida, o en calidad de procesada, es evidente la carencia en el sistema de la estructura especializada en derechos humanos.