No quieren desaparecer de la historia ni que la historia les olvide. Desean que la historia no se equivoque al recordarles. Porque a pesar de que se hallan registrados como católicos desde el momento en que se expidieron sus actas de nacimiento, lo cierto es que no creen, no confían en sus ministros ni se sienten representados por ellos. Ni comulgan con los dogmas del catolicismo.

Parece un asunto trivial, apenas cosa de abstenerse de consumir hostias, de ir a misa, dejar de confesarse ante un cura y, en general, no practicar los sacramentos cristianos. Pero no se trata de eso.

Se trata de que sus padres o tutores les bautizaron en una fe que luego ellos aborrecerían y hoy han descubierto lo difícil que resulta desandar ese involuntario camino, principalmente por el celo que exhiben los altos jerarcas de la Iglesia Católica ante el hecho de que los registros en su poder sean modificados, especialmente en España.

Los sacramentos, de capa caída

Entre otras cosas, porque del número de registrados como católicos depende en este país el porcentaje del presupuesto nacional que se destina a las arcas de una institución que ha demostrado ejercer una influencia sobre el Gobierno y sobre la sociedad laica que no tiene parangón en ningún otro país de la Unión Europea.

También saben utilizar dicha influencia para movilizar a esa sociedad y presionar al gobierno, como cuando se convocan manifestaciones públicas para presionar sobre aspectos políticos, legales y constitucionales. Por ejemplo, la celebrada en Madrid hace unos meses para oponerse a la aprobación en el Congreso de la Ley del Aborto, clara injerencia clerical en los asuntos de Estado.

Esta reacción virulenta al afianzamiento oficial de una mayor independencia en la existencia privada de los ciudadanos es comprensible. Basta echar un vistazo a ciertas cifras para darse cuenta de que la tendencia hacia la secularización va en aumento entre la población.

¿Católicos o practicantes?

Y es que, aunque una gran parte de los españoles bautizados en el catolicismo no solían pisar una iglesia en sus vidas (sin que esto significara que quisieran o pensaran en abandonar la fe católica), al menos no dejaban de hacerlo para sus bodas y bautismos, respondiendo a formalismos atávicos y tradicionalistas heredados de sus ancestros.

Pero el desprecio o la indiferencia hacia estos sacramentos es mayor cada día. Respecto a los ritos conyugales, esto tiene mucho que ver con la facilidad para acceder al rito de la unión civil.

Según el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), el 94 % de los españoles están bautizados aunque sólo un 77% se considera católico (un 6% menos que hace ocho años). Y de ellos sólo el 15% afirma que va a misa todos los domingos.

Las bodas católicas representaban un 76% en 1976. Actualmente, no sobrepasan el 55%. Los españoles que en su declaración de impuestos marcan la casilla de la Iglesia Católica de manera que una parte de su contribución económica para el Estado se destine al mantenimiento de esta institución religiosa es de apenas un 33%.

La opción de apostatar

Visto lo visto, no resulta asombroso que cualquier católico deseoso de que su registro como católico deje de tener validez se tope con una resistencia en algunos casos tenaz y recalcitrante por parte de los distintos arzobispados del reino español, especialmente en Madrid y de Valencia, aquellos que más se oponen a que el ciudadano ejerza libremente su derecho a apostatar, acto que, según el DRAE, implica “negar la fe de Jesucristo recibida en el bautismo”.

Hace años, no tantos, se condenaba como herejía y su castigo era tortura y muerte. Las cosas han cambiado, evidentemente, pero no tanto como se podría.

Pasaremos por alto los tortuosos vericuetos legales que hoy debe sufrir todo católico arrepentido. Baste con indicar que existen plataformas conformadas por ciudadanos apercibidos del abuso que se comete contra el derecho de libertad de culto, de ideas y de pensamiento, que además suelen ofrecer una orientación muy completa a través de la web, destacándose entre ellas www.apostasia.es.

Recursos legales

Al respecto, también cabe añadir que en muchos casos será necesario para el ciudadano solicitar la intervención y tutela de la Agencia Española de Protección de Datos para que este organismo, en cumplimiento de la Ley Orgánica de Protección de Datos, obligue a los cancilleres del clero a suprimir los registros del bautizado en el catolicismo que desea dejar de serlo.

E incluso así, algunos se encontraran con que las parroquias más recalcitrantes, como las ya mencionadas de Madrid y Valencia, se negarán de todos modos a suprimir los datos del solicitante del proceso de apostasía, limitándose a añadir en el registro una anotación en la que se deja constancia de la solicitud hecha por éste y la constancia de su trámite.

Abuso de poder

En otros países han llegado a adoptar medidas más extremas, como el despido de la docente Paola Raffetta de la Escuela Estudios Orientales de la Universidad del Salvador (en Buenos Aires), por exponer libremente sus ideas acerca de la apostasía ante sus alumnos.

Obviamente, y tal como los jerarcas de la mencionada universidad debían haber previsto, esto generó un movimiento de rechazo que terminó tomando forma en una nueva plataforma dedicada a promover el derecho a la apostasía entre los argentinos. Un tiro por la culata, como quien dice.

Estos tiros abundan. Ante la extensa cadena de errores estratégicos de sentido común cometidos por el clero, no sólo en España, para hacer frente a problemas que afectan dramáticamente a la imagen pública de esta institución, entre los cuales el menor de todos no es precisamente el manejo oficial que se la ha dado a las denuncias legales de abusos sexuales contra menores perpetrados por sacerdotes y obispos católicos.

No es difícil preguntarse si los enemigos que personas como el arzobispo de Madrid Rouco Varela parecen ver por todas partes, no se encuentran más bien firmemente apertrechados y enquistados en el seno de la misma Iglesia.