En el Estado de Guanajuato, México el aborto se encuentra regulado como delito. Existe una excepción que otorgan el derecho de abortar a la mujer, que es cuando el embarazo fue producto de una violación. Sin embargo, el Gobierno de Guanajuato ha obstaculizado a las víctimas del delito de violación en su derecho a abortar.

El aborto en el Estado de Guanajuato

En cuanto a los casos de aborto, entre el año 2000 y el 2009, 190 mujeres fueron denunciadas por el delito de aborto y nueve estuvieron hasta el año 2010 en prisión sentenciadas por homicidio en razón de parentesco.

De acuerdo con algunos indicadores para medir el derecho de acceso a la justicia en protección a la salud reproductiva, establecidos por la Comisión Interamericana de Derechos se encontraron distintas acciones por parte del Gobierno que se manifiestan a favor de obstaculizar los derechos sexuales y reproductivos de la mujer.

Diferentes obstaculizaciones de los derechos sexuales y reproductivos en Guanajuato

Además, las anteriores acciones se hicieron notar en conjunto con casos y testimonios de mujeres a quienes se les restringieron y violaron sus derechos de acceso a la justicia en relación con sus derechos sexuales y reproductivos, rescatados de diversas notas informativas, entrevistas y reportes de Organizaciones de la Sociedad Civil. En orden cronológico:

A partir de 1995, el Comité Nacional Pro-vida en el Gobierno panista del Estado de Guanajuato ha sido asesorado por una organización llamada Human Life International (Pro-vida de Estados Unidos) para tratar de modificar las constituciones locales e introducir la protección de la vida desde el momento de la concepción.

Guanajuato obstaculizando las excepciones reguladas con derecho a abortar

En el año 2000, el Congreso de Guanajuato aprobó una serie de reformas que eliminaban la posibilidad de recurrir al aborto legal en el caso de que la madre así lo decidiera, por ser el embarazo resultado de una violación.

Un mes más tarde el Gobernador se vio presionado y vetó la ley, debido a las discusiones y el debate público que se suscitó a raíz de un caso polémico bastante conocido a nivel nacional en México, de una menor llamada Paulina Ramírez Jacinto de 14 años de edad que fue violada en el Estado de Baja California a la que se le restringió en su derecho a abortar.

A partir de ese momento las movilizaciones de diversos actores y grupos, así como la opinión pública, conocida a través de diversas encuestas indicaban que la población mexicana en su mayoría estaba de acuerdo con la legalidad del aborto en casos de violación, esta presión social contribuyó al veto de la ley en Guanajuato.

Obstáculos en Guanajuato los derechos reproductivos de la mujer

El hecho de que esta ley se hubiera vetado no fue motivo para que los distintos grupos opositores al aborto en caso de violación, en conjunto con la obstrucción de las autoridades, hayan logrado detener el acceso a este derecho en el único caso que se encuentra regulado y permitido este derecho.

Algunos ejemplos fueron en 2002, de los casos documentados se volvió a negar el derecho de aborto por violación a una niña de 16 años, que fue violada por su padre al menos una vez a la semana a lo largo de un año. Las autoridades no autorizaron un aborto legal.

En el año 2003, se negó el aborto por violación a una joven llamada Sandra quien se encontraba sujeta a condiciones de retraso mental.

La negación de existir violación a los derechos sexuales y reproductivos

Ante los diversos testimonios que salían a luz pública y las movilizaciones de diversos grupos y organizaciones internacionales, de mujeres y de la sociedad civil consternados por la violación a los derechos sexuales y reproductivos de la mujer en Guanajuato y en el caso de excepción establecido por la ley, el máximo vocero administrador de justicia decidió manifestarse.

El procurador general de Justicia de Guanajuato, Daniel Chowell negó reiteradamente en el 2005 que alguna de las mujeres víctimas de violación hubieran solicitado un aborto legal y que hubiera sido sentenciada en ese estado o que se encontrara sentenciada en los últimos cinco años por el delito de aborto.

Se suscitaron más pruebas de violación de los derechos reproductivos

Aunque según el mismo documento y en mismas fechas se entrevistó a un funcionario público bajo condición de anonimato, y señalo que había cinco mujeres encarceladas por haberse practicado un aborto en ese caso.

Esta entrevista, entre otras realizadas por Human Rights Watch, existen como evidencia que indican lo contrario al menos de tres casos, así como de víctimas de violación y sus familiares que solicitaron el acceso al aborto legal en ese periodo.

Sin embargo, la situación no paró aquí y el gobierno del Estado encontró la manera de perseguir y juzgar a toda mujer que abortara por el motivo que fuera, incluyendo el caso de excepción por violación.

El Congreso del Estado creó y configuró el delito de homicidio en razón de parentesco, que pondría al Estado de Guanajuato bajo la mirada y presión internacional, por los extremos casos de injusticia cometidos en contra de mujeres que habían sufrido abortos, incluso involuntarios.