Virginia Berlinerblau es médica forense de la Justicia Nacional en Argentina. Cuenta también con títulos de posgrado en medicina legal y psiquiatría infantil, lo cual le ha permitido seguir de cerca los casos de abuso sexual infantil y cuya opinión autorizada, en este caso sobre la presión que ejercen ciertos grupos sobre los profesionales que denuncian los presuntos abusos sexuales de que es objeto un menor, aportará luz a un nuevo término que pronto resultará, por desgracia, bastante habitual: el backlash.

P.- ¿Qué es el backlash?

R.- El backlash es la reacción negativa y violenta contra profesionales que trabajan en el campo de la protección de la Infancia.

P.- ¿Quién está detrás de esta reacción?

R.- El backlash incluye a progenitores de los que se sospechó y sienten que sus reputaciones han sido comprometidas.

Algunos están muy enojados y dañados (algunas veces con buenos motivos). Estos son profesionales y han provisto las energías principales detrás de grupos de padres, haciendo lobby en las legislaturas para que aprueben leyes que protejan a los progenitores y restrinjan los servicios de protección y asistencia a la infancia.

Además, los grupos de progenitores agraviados incluyen algunos padres divorciados que nunca sufrieron investigaciones ni fueron objetos de sospechas, pero al haber experimentado conflictos familiares devastadores, se sienten vulnerables a ellos.

P.- Pero no sólo son los progenitores…

R.- Hay un segundo gran grupo compuesto por abogados y algunos “testigos expertos”. Cuando las sospechas de ASI llegaron a la clase media, más y más abogados en años recientes se encontraron defendiendo a gente pudiente acusada de abuso de niños. Como resultado, ha devenido un campo de trabajo más especializado y definido.

Una red de abogados experimentados ha reunido un cuerpo de literatura, argumentos estandarizados y razonamientos en los que basan la defensa, y un grupo de expertos y partidarios que pueden ser tenidos en cuenta para construir estos razonamientos, que incluyen la idea de que los trabajadores del área de la protección infantil obran con celo excesivo al identificar el abuso, que los niños pueden ser manipulados para efectuar o consentir denuncias falsas y que una especie de mentalidad de caza de brujas e histeria sobre abuso sexual ciega a los profesionales.

Haciendo públicos estos argumentos y proveyendo de soporte financiero a otros individuos activos en el backlash, los abogados han comprobado que tienen mayor legitimidad entre el público, entre los jueces, y entre la comunidad profesional. Algunos profesionales disienten con la ideología que circunda del abuso sexual y algunos quizás han optado de manera oportunista por la ganancia financiera y notoriedad cobrada como "testigos expertos".

Es importante distinguir entre las críticas legítimas de las ilegítimas. Las críticas juegan un rol importante al poner en evidencia la incompetencia y la burocracia. El criticismo ilegítimo distorsiona o exagera seriamente las faltas del sistema.

Inclusive, dentro del criticismo ilegítimo pueden delimitarse una distinción mayor: entre críticas honestas aunque erradas por un lado y lo que puede ser llamado criticismo maligno, por el otro. Las motivaciones de cada una son claramente distintas unas y otras. En las investigaciones por denuncias de abuso sexual infantil, es saludable una cierta dosis de escepticismo al encarar el proceso diagnóstico. El escepticismo excesivo puede resultar destructivo.

P.- ¿Cómo empezó el backlash?

R.- El backlash en abuso sexual infantil comenzó en la década de los 80 en países del primer mundo tales como Canadá, Estados Unidos y Gran Bretaña.

P.- ¿Y en Argentina?

R.- En la Argentina, el backlash tuvo en el 2000 un fuerte impulso con el artículo del ex juez Eduardo Cárdenas publicado en el diario jurídico La Ley. Cárdenas, abogado con gran influencia en Tribunales, habló de la existencia de una “verdad industria de denuncias de abuso sexual, promovidas con el fin de aislar al hijo del otro progenitor¨.

Sin embargo su escrito parece ser una pantalla para atacar a determinados profesionales que le molestan, tras una supuesta defensa de la unidad familiar. Despliega una furibunda diatriba, atacando la credibilidad de quienes trabajan en instituciones públicas (incluyendo la de la que subscribe), además con información falsa.

El artículo de Cárdenas generó un enérgico repudio a nivel local y nacional por parte de profesionales e instituciones públicas que trabajan en la temática de la violencia familiar.

Este brutal ataque tiende a: desarticular los logros conseguidos y a eliminar y disuadir a quienes lo sostienen, llevar al campo de la disputa ideológica un problema que es teórico y político, y que atraviesa a los discursos jurídico y psicosocial, a la ética y a la sociedad en su conjunto, desmantelar los servicios asistenciales abiertos para estos fines, condenarlos a una existencia encapsulada o reducirlos a su mínima expresión.

Con ello se pretende: invalidar las denuncias y convertir en sospechoso a todo denunciante de maltrato; diluir los límites que separan a víctimas de victimarios y confundir la cuestión incorporando los escasos casos de violencia contra varones (niños /adultos) ejercida por mujeres.

En síntesis, se intenta invertir el sentido de la conducta abusiva al atribuírsela a quien denuncia o protege, buscando reforzar la violencia vigente y condenar a perpetuidad a todo niño que sufre, a la vez que pretende llevar a la impotencia a los profesionales que hasta ahora, llevan en bastante soledad la pesada carga de sostener la protección de las víctimas, con escaso o inadecuado apoyo institucional.