El desarrollo normativo del derecho de igualdad y no discriminación por razón de sexo, proclamado en el art. 14 de la Constitución española, encuentra en la actualidad su principal expresión en la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres.

Objetivos de la Ley

Dicha ley pretende, asimismo, la adecuada transposición al ordenamiento jurídico interno del importante acervo comunitario sobre igualdad de sexos.

En particular, la ley incorpora al ordenamiento español dos directivas en materia de igualdad de trato: la 2002/73/CE relativa a la aplicación del principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres en lo que se refiere al acceso al empleo, a la formación y a la promoción profesionales; y la Directiva 2004/113/CE sobre aplicación del principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres en el acceso a bienes y servicios y su suministro.

El artículo 1 de esta Ley, tras proclamar que las mujeres y los hombres son iguales en dignidad humana, e iguales en derechos y deberes, define el objeto de la misma: hacer efectivo el derecho de igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, en particular mediante la eliminación de la discriminación de la mujer, sea cual fuere su circunstancia o condición, en cualesquiera de los ámbitos de la vida, y singularmente, en las esferas política, civil, laboral, económica, social y cultural, para alcanzar una sociedad más democrática, más justa y solidaria.

Para ello, se establecen las pautas generales de actuación de los poderes públicos en relación con la igualdad. Se define el principio de transversalidad (todas las políticas del gobierno deben contar con la perspectiva de la igualdad, en todo lo que se legisle se fijará como objetivo el eliminar las desigualdades entre hombres y mujeres).

Se consagra el principio de presencia equilibrada de mujeres y hombres en las listas electorales y en los nombramientos realizados por los poderes públicos, y se regulan, asimismo, los informes de impacto de género y la planificación pública en favor de la igualdad.

Modificaciones en el ámbito jurídico-civil

Previamente a la Ley de Igualdad, nuestro ordenamiento jurídico ha ido experimentando modificaciones en sus diversos órdenes, por ejemplo, en el ámbito jurídico-civil.

Nuestro Código Civil, que data de 1889, ha sufrido, como no podía ser de otra manera, numerosas reformas para establecer la igualdad entre hombre y mujeres; a título de ejemplo, desde 1990, y en aplicación del principio de no discriminación por razón de sexo, se modificaron varios preceptos: se equiparó los derechos del padre a los de la madre en caso de vivir separados, en orden al cuidado de los hijos menores de edad; se sustituyeron palabras tales como “honra” aplicada a la mujer, por “honor” y “mujer” o “esposa” por cónyuge.

También se posibilita a la mujer casada que hubiera perdido su vecindad por seguir la del marido, que pueda recuperar la suya, y que en el futuro el matrimonio no suponga obligatoriamente para la mujer el cambio en su vecindad civil.

Desde 1999, se establece la posibilidad de que los padres, de común acuerdo, puedan decidir el orden de transmisión de su respectivo primer apellido.

Desde el año 2006, en cuanto al orden de sucesión de los títulos nobiliarios, se reconoce que las mujeres tienen los mismos derechos que los varones a realizar la función de representar simbólicamente a sus antepasados.

Consecuencias penales de la discriminación por razón de sexo

En general, en el código penal se considera una circunstancia agravante cometer delito por razón de sexo u orientación sexual de la víctima.

Se tipifican, entre otros, los siguientes delitos y se castiga a sus autores:

  • Producir grave discriminación en el empleo público o privado, contra alguna persona, por razón de su sexo u orientación sexual, cuando el autor de tal conducta, no restablezca la situación de igualdad tras el requerimiento o sanción administrativa.
  • Provocar la discriminación, al odio o a la violencia contra grupos o asociaciones, entre otros motivos, por razón de sexo y orientación sexual.

Igualdad de sexos en el ámbito laboral

El estatuto de los trabajadores ha sufrido numerosas reformas para la equiparación entre hombres y mujeres. Por ejemplo, se modifican los permisos y excedencias relacionados con la maternidad, la paternidad y el cuidado de la familia.

Gracias a la Ley de Igualdad, se incluyen entre los derechos laborales de los trabajadores y las trabajadoras, la protección frente al acoso sexual y el acoso por razón de sexo, contempla específicamente el deber de negociar planes de igualdad en las empresas de más de doscientos cincuenta trabajadores e introduce el permiso de paternidad de trece días de duración, ampliable en caso de parto múltiple en dos días más por cada hijo o hija a partir del segundo.

En definitiva, el ordenamiento jurídico se ha ido modificando para recoger en la medida de lo posible los vertiginosos cambios experimentados en nuestra sociedad en los últimos 40 años, sería deseable que además de adaptarse a los nuevos tiempos y recoger la nueva realidad social, las políticas y leyes vigentes y futuras sirvan además para remover obstáculos en el camino hacia la igualdad plena entre hombres y mujeres.