En ocasiones no hay más remedio que acudir a los tribunales para dar solución a un conflicto. Hay que tener presente, sin embargo, que los procesos judiciales, sobre todo en España, no se caracterizan por su rapidez ni por su simplicidad.

Otro aspecto a tener en cuenta es que los gastos asociados al litigio superen, incluso de largo, el supuesto beneficio que se espera obtener de una sentencia favorable. Ante esta realidad existe una parte positiva; la que está representada por la justicia gratuita; una posibilidad para la cual es necesario cumplir con ciertos requisitos.

Asistencia jurídica gratuita en España

Para beneficiarse de la asistencia jurídica gratuita es necesario estar en posesión de la nacionalidad española o comunitaria, o bien ser extranjero con residencia legal en España. Otra exigencia ineludible para acceder a la justicia gratuita es que los ingresos de la unidad familiar no superen el doble del Iprem –14.910,28 euros en 2010–, aunque también pueden concurrir algunas circunstancias excepcionales, como pueden ser el número de hijos, los familiares que se tienen a cargo y la presencia de discapacitados o de pensionistas.

La asistencia jurídica gratuita habrá de ser solicitada antes de presentarse la demanda o de responderla, en caso de ser el demandado. La justicia gratuita cubre todos los trámites, los recursos y la ejecución, lo que se traduce en no tener que afrontar los gastos correspondientes al abogado ni al procurador, así como tampoco a los anuncios, edictos, informes periciales, depósitos o testimonios.

Para hacer valer los derechos inherentes a la asistencia jurídica gratuita hay que enviar una solicitud, mediante un modelo oficial que se obtiene en los colegios de abogados, en los juzgados, en el Ministerio de Justicia o en sus delegaciones en las comunidades autónomas.

La justicia gratuita y el sistema judicial en España

España no puede sentirse especialmente orgullosa de su sistema judicial y, por ende, de la asistencia jurídica gratuita. A día de hoy está en el furgón de cola por lo que respecta al tiempo en que se resuelve el conflicto y se dicta la sentencia. A este periodo, a todas luces excesivamente largo, hay que añadir que la aplicación de una sentencia favorable, en la mayoría de casos, no se lleva a efecto hasta el año siguiente.

Otro aspecto que no podemos pasar por alto son los distintos plazos que se aplican en una u otra jurisdicción, bien sea la social, civil o contencioso-administrativa, siendo esta última la que sufre mayores demoras.

Mediación familiar y asistencia jurídica gratuita

En vista de cómo están las cosas, la opción de la asistencia jurídica gratuita o, en definitiva, llegar a los tribunales, debería ser observado como el último recurso. Previamente, existen otras opciones que conviene considerar con el fin de evitar un lento y costoso proceso. Una de ellas –la primera que habría que tantear– consiste en tratar de llegar a un acuerdo amistoso.

Cuando no existen las bases suficientes para alcanzar dicho acuerdo hay que valorar la posibilidad de introducir la figura de un mediador profesional. La intervención de terceros, básicamente en los conflictos de ámbito familiar, puede facilitar un acercamiento que, a la postre, culmine en un acuerdo que satisfaga a ambas partes. Si no hay más remedio habrá que valorar la posibilidad de acceder a la justicia gratuita.

Junta de arbitraje de consumo, paso previo a la asistencia jurídica gratuita

En muchas ocasiones las posturas de las partes impiden que haya ninguna posibilidad de acuerdo. En estos casos, y antes de acudir a los tribunales o acceder a la asistencia jurídica gratuita, existe una opción muy válida: recurrir a la junta de arbitraje de consumo. Se trata de una alternativa que presenta muchas ventajas, pero también unas limitaciones que hay que tener en cuenta, como que no es aplicable en los conflictos entre particulares, de familia, laborales, administrativos o penales.

La intervención de la junta de arbitraje de consumo tiene su lugar, por lo general, en asuntos relacionados con el consumo, y en este ámbito, si la empresa está adherida a la junta, las posibilidades de resolver el conflicto son mucho mayores.