El 2 de noviembre, la prensa nacional anunció que la Comisión de Legislación Penal de la Cámara de Diputados había dado un predictamen favorable a un proyecto de ley para la despenalización del aborto hasta las 12 semanas de gestación. Sin embargo, el 3 de noviembre, la misma Comisión desmintió tales noticias explicando que la propuesta no había alcanzado el quórum requerido para ser aprobado. De cualquier modo, el prematuro anuncio reavivó el debate sobre el aborto en la sociedad argentina.

El aborto en el Código Penal

El Código Penal incluye la interrupción voluntaria del embarazo entre los “delitos contra la vida”. La actual normativa, indicada en los artículos 85, 86, 87 y 88 de la ley, prevé penas de uno a cuatro años de prisión para las mujeres que se practiquen un aborto y de tres a quince años de cárcel para los médicos que realicen el procedimiento.

Por otra parte, el artículo 86 incluye dos excepciones que permiten interrumpir el embarazo sin consecuencias legales. Así, el aborto es legal:

“1º. Si se ha hecho con el fin de evitar un peligro para la vida o la salud de la madre y si este peligro no puede ser evitado por otros medios;

2º. Si el embarazo proviene de una violación o de un atentado al pudor cometido sobre una mujer idiota o demente. En este caso, el consentimiento de su representante legal deberá ser requerido para el aborto”.

Problemas de aplicación

El inciso segundo es criticado por imponer, aparentemente, que la mujer debe ser mentalmente incapaz para interrumpir el embarazo causado por violación. Sin embargo, varios expertos han señalado que se trata de un mero error ortográfico. Según esta visión, en el momento de la redacción del artículo, los legisladores habrían omitido una coma después de la palabra "violación", generando la confusión.

De este modo, el reglamento vigente permitiría el aborto en cuatro circunstancias: si corriera riesgo la vida de la mujer, si hubiera riesgo de salud para la mujer, si el embarazo fuera producto de violación y si el embarazo fuera producto de violencia contra una mujer mentalmente incapaz. Esta interpretación es sostenida por la Guía técnica para la atención de abortos no punibles, documento creado y difundido por el Ministerio de Salud de la Nación en el 2007.

A pesar de ello, el inciso ha sido interpretado de distinto modo en diferentes casos y por distintos jueces. Como consecuencia, los médicos tienden a negarse a practicar el procedimiento por miedo a las repercusiones penales, aun cuando la situación cumpla los requisitos legales para interrumpir el embarazo.

El proyecto contra el aborto ilegal

La propuesta actual es impulsada por Cecilia Merchán diputada nacional por la provincia de Córdoba. Merchán pertenece al partido "Libres del Sur", agrupación pro-derechos humanos y que forma parte de la coalición de centro izquierda del "Frente Amplio Progresista".

El proyecto de Libres del Sur se presenta como una solución al complejo problema del aborto clandestino en Argentina y a las muertes maternas que causa, particularmente entre mujeres de bajos recursos.

Debido al carácter delictivo de estas prácticas y al tabú asociado con la interrupción voluntaria del embarazo, es difícil contar con cifras serias sobre el problema. Sin embargo, en el 2007, el Ministerio de Salud realizó un estudio científico que dio una cifra apabullante.

Tomando en cuenta las internaciones hospitalarias de mujeres, causadas por abortos inducidos mal practicados y multiplicándolas por un factor de siete, para tomar en cuenta a las mujeres que no buscaron asistencia, se calculó un total de, al menos, 460.000 abortos clandestinos en el país.

"Es imperioso sacar las prácticas de interrupción voluntaria del embarazo de la clandestinidad, y darles el tratamiento adecuado, que es en los hospitales y con profesionales adecuados.", afirma Merchán en base a estos datos.

El feto, ¿persona humana?

Más allá de los planteamientos religiosos y el peso de las costumbres, la principal cuestión moral en torno al aborto es si el feto en desarrollo debe ser considerado o no, una persona humana y un sujeto de derecho.

Muchas veces, las agrupaciones y personas a favor del aborto suelen organizarse bajo la bandera de la Pro-elección, señalando que la interrupción del embarazo es parte del derecho de la mujer a controlar su propio cuerpo y su vida sexual, frecuentemente negando al embrión la condición de persona.

Dentro de esta postura, una representante de "Socialismo Libertario" afirmó que: "Nadie discute que hay vida desde la concepción, pero el huevo no es gallina y el cigoto tampoco es persona".

Los que se oponen a esta postura, los llamados Pro-vida, insisten en que el feto es un ser humano en potencia, diferente genéticamente de su madre y por tanto no puede ser considerado parte de su cuerpo. Por el contrario, debe respetarse su derecho fundamental a la vida.

Al respecto, Cynthia Hotton, de la formación "Valores para mi país", afirmó que la cuestión de los abortos ilegales debe resolverse con una contención integral de las embarazadas y que "La interrupción del embarazo es matar al niño por nacer".