Todos recuerdan en España el glorioso año de 1931 en que la mujer alcanzó el derecho al sufragio activo, el derecho a votar. Sin embargo, de nada sirve un voto sin la previa educación del votante. En 1910, veintiún años antes, se liberó el acceso de las mujeres a la universidad.

El 8 de marzo es el Día Internacional de la Mujer, fiesta de origen socialista que se ha ido haciendo un hueco en las programaciones oficiales. Sin embargo muy pocos, y entre ellos Daniel Peña, han recordado que este año ha coincidido ese día con el centenario de una fecha memorable en el ámbito feminista, la que marca el libre acceso de la mujer a la universidad, durante uno de los ministerios liberales presididos por José Canalejas (en la foto)

El conde de Romanones facilitó el acceso de las mujeres a la Universidad

Y es que el 8 de marzo de 1910, hace cien años, el entonces ministro de Intrucción Pública conde de Romanones, aprobaba la siguiente R.O., publicada en la Gaceta de Madrid del día siguiente (actualizo la ortografía):

«Ilmo. Sr: la Real orden de 11 de junio de 1888 dispone que las mujeres sean admitidas a los estudios dependientes de este Ministerio como alumnas de enseñanza privada, y que cuando alguna solicite matrícula oficial se consulte a la Superioridad para que ésta resuelva según el caso y las circunstancias de la interesada.

Considerando que estas consultas, si no implican limitación de derecho, por lo menos producen dificultades y retrasos de tramitación, cuando el sentido general de la legislación de Instrucción pública es no hacer distinción por razón de sexos, autorizando por igual la matrícula de alumnos y alumnas.

S.M. el Rey (q.D.g.) se ha servido disponer que se considere derogada la citada Real Orden de 1888, y que por los jefes de los Establecimientos docentes se concedan, sin necesidad de consultar a la Superioridad, las inscripciones de matrícula en enseñanza oficial o no oficial solicitadas por las mujeres, siempre que se ajusten a las condiciones y reglas establecidas para cada clase y grupo de estudios".

Ya existían mujeres universitarias en España, pero la expresada R. O. de 1888 suponía una importante cortapisa al acceso femenino, al supeditar el acceso a la decisión administrativa de la "superioridad".

Julio Burell firmó la orden que abría a la mujer el libre ejercicio de su profesión

Los gobiernos de la época duraban poco y el 2 septiembre de aquel mismo año 1910 era otro Ministro de Instrucción, Julio Burell, y siempre con Canalejas de Presidente, quien dictaba esta otra R.O., publicada el día 4 siguiente (actualizo la ortografía):

“Ilmo. Sr.: La legislación vigente autoriza a la mujer para cursar las diversas enseñanzas dependientes de este Ministerio; pero la aplicación de los estudios y de los títulos académicos expedidos en virtud de suficiencia acreditada, no suelen habilitar para el ejercicio de profesión ni para el desempeño de Cátedras. Es un contrasentido que sólo por espíritu rutinario puede persistir. Ni la naturaleza, ni la ley, ni el estado de la cultura en España consienten una contradicción semejante y una injusticia tan evidente. Merece la mujer todo apoyo en su desenvolvimiento intelectual, y todo esfuerzo alentador en su lucha por la vida. Por tanto

S.M. el Rey (q.D.g) se ha servido disponer:

1º. La posesión de los diversos títulos académicos habilitará a la mujer para el ejercicio de cuantas profesiones tengan relación con el Ministerio de Instrucción Pública.

2º. Las poseedoras de títulos académicos expedidos por este Ministerio o por los Rectores y demás Jefes de Centros de enseñanza, podrán concurrir desde esta fecha a cuantas oposiciones o concursos se anuncien o estén anunciados con los mismos derechos que los demás opositores o concursantes para el desempeño efectivo o inmediato de Cátedras y de cualesquiera otros destinos objeto de las pendientes o sucesivas convocatorias.

3º. En las inscripciones de matrícula hechas desde el 1º. del corriente se hará constar el reconocimiento de los derechos anteriores”.

Subrayemos que Julio Burell creó ex profeso una cátedra para concedérsela a Emilio Pardo Bazán.

Así, en el espacio de pocos meses, se derribaban las cortapisas que impedían a la mujer no sólo estudiar sino ejercer la profesión correspondiente, al menos en aquellas cuya regulación dependía del Ministerio de Instrucción Pública: enseñanza, archivos y bibliotecas, etc.

El centenario de la R. O. de Romanones ha pasado desapercibido; esperemos que no ocurra lo mismo con la de Burell.